Vicepresidente renunció este miércoles y queda sin inmunidad menos de dos meses después de ser acusado formalmente por presunto financiamiento político ilícito.
📅 Por Carlos Castro y Álvaro Sánchez | 30 de julio de 2025 | 4:06 p.m.
El vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig, impulsó la contratación de una póliza financiada con recursos públicos que pretendía cubrir a jerarcas del Gobierno, incluido él mismo, ante eventuales procesos penales relacionados con sus funciones públicas.
La póliza contemplaba gastos legales, asesoría, y otros costos vinculados a investigaciones o denuncias penales, incluso después de dejar el cargo. La iniciativa fue trabajada por Brunner desde mediados de 2023, junto al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y la entonces jerarca del INS, Mónica Araya, todos potencialmente beneficiarios.
Brunner enfrenta una causa penal desde 2022 por su presunta participación en el caso Financiamiento Jaguar, por supuestas estructuras paralelas ilegales utilizadas para financiar la campaña de Rodrigo Chaves en 2022. Desde el 23 de junio de este año figura como acusado formalmente.
Renuncia y pérdida de inmunidad
Este miércoles presentó su renuncia, efectiva a partir del 1° de agosto, con lo cual perderá la inmunidad que ostentaba como alto funcionario del Ejecutivo.
Gobierno conocía del plan
Aunque la póliza no se concretó debido a cuestionamientos públicos, el presidente Chaves conocía y avalaba la idea, según consta en reuniones de Consejo de Gobierno con representantes de la empresa One Global, que luego figuró como oferente.
El costo anual de la póliza superaba los ¢248 millones y se tramitó por excepción a través de SICOP (expediente 2024PX-000002-0009100001). Hacienda justificó la contratación señalando que buscaba proteger la imagen institucional y brindar seguridad jurídica a los jerarcas.
Cobertura también para exfuncionarios
La póliza incluía cobertura incluso para exministros y exviceministros, siempre que los hechos reclamados ocurrieran durante su gestión pública. El documento señalaba que el seguro amparaba hasta 65 jerarcas y cubría hasta $3 millones en total.
Entre las coberturas figuraban:
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Gastos legales y fianzas
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Procesos de extradición
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Servicios de relaciones públicas
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Protección de reputación
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Investigaciones y audiencias
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Confiscación de activos
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Violaciones ambientales
Quedaban excluidos casos de soborno, lavado de dinero, daños posteriores al vencimiento, entre otros.
Proceso detenido
El proceso fue suspendido en octubre de 2024 a la espera de un dictamen de la Procuraduría General de la República. La Contraloría advirtió que el Estado no debe asumir este tipo de coberturas, especialmente si se trata de condenas por actuaciones en el ejercicio del cargo.
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