DE INCUMPLIMIENTO Y FRAGMENTACIÓN INSTITUCIONAL EXIGEN REFORMA URGENTE.
• Informe técnico alerta sobre limitaciones estructurales del programa y plantea acciones prioritarias para mejorar su eficacia y sostenibilidad.
• Alto incumplimiento, complejidad institucional y urgencia de reforma legal.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz, presentó los principales hallazgos de la evaluación del Programa de Monitoreo Electrónico (PME), una medida alternativa a la prisión que emplea el uso de dispositivos electrónicos en personas con medidas cautelares o sentencias por delitos menores. Esta es una de las evaluaciones identificadas como prioritarias dentro de la Agenda Nacional de Evaluaciones del Plan de Desarrollo e Inversión Pública vigente.
El análisis pone en evidencia que el programa enfrenta desafíos críticos. Uno de los más relevantes es el alto nivel de incumplimiento de las medidas impuestas: globalmente (2017-2024) se identifica un 44.1% de las personas monitoreadas no ha cumplido las medidas impuestas, especialmente en delitos contra la propiedad. Esta situación se relaciona directamente con las características individuales de cada caso y la falta de criterios técnicos claros para el ingreso al programa (a cargo del Poder Judicial), lo que ha permitido la inclusión de personas con alto riesgo de reincidencia sin una evaluación estructurada.
Además, la fragmentación institucional en el modelo actual. El Poder Judicial decide quién ingresa al programa, el Ministerio de Justicia y Paz lo implementa y financia, y la Policía Penitenciaria realiza labores de control operativo. Esta distribución de funciones genera dificultades en la estandarización de procesos, establecer mecanismos efectivos en la rendición de cuentas y en la articulación interinstitucional. Además, complica la proyección presupuestaria, ya que el Ministerio de Justicia no puede anticipar con certeza cuántas personas serán asignadas a la medida en un período determinado. donde el monitoreo electrónico presenta la mayor tasa de crecimiento de todas las modalidades del Sistema Penitenciario Nacional.
“La evidencia recopilada demuestra que el monitoreo electrónico puede ser una herramienta valiosa, pero no debe aplicarse de forma indiscriminada. Como Estado debemos garantizar que este tipo de medidas se asignen con criterios claros, sostenibles y técnicamente fundamentados. Esta evaluación nos permite identificar con mayor precisión dónde están las debilidades y cómo corregirlas, en particular a través del fortalecimiento del marco normativo que rige su aplicación”, afirmó la ministra de Mideplan, Marta Esquivel Rodríguez.
Ambos ministerios coinciden en que es prioritario avanzar hacia un marco normativo más riguroso y coherente, que defina con claridad los perfiles de ingreso y garantice un uso más estratégico del monitoreo electrónico.
Como parte de este proceso, el Ministerio de Justicia y Paz está iniciando una revisión técnica integral del programa, con el respaldo metodológico de Mideplan, enfocándose en mejoras sostenibles en el aumento y rigurosidad en el perfilamiento para la asignación de las tobilleras, elementos operativos y de gobernanza intra e interinstitucional, con base en un análisis profundo de los datos y resultados alcanzados con la evaluación.
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