Mensaje de exrectora y exrectores a la Comunidad Universitaria

 Mensaje de exrectora y exrectores a la Comunidad Universitaria

La Universidad de Costa Rica (UCR) enfrenta una crisis que dura ya varias

semanas. Se inició al cuestionarse la resolución de la Rectoría que definía los

salarios de las jefaturas de las oficinas administrativas, lo que llevó a la Rectoría a

su pronta derogación. Luego empezaron a circular, por diversos medios de

comunicación y en redes sociales, cuestionamientos sobre posibles hechos

irregulares ocurridos en la construcción de obras de infraestructura antes del inicio

de la actual administración y la definición del nuevo régimen salarial. Una denuncia

presentada ante la Procuraduría de la Ética Pública fue recientemente rechazada y

archivada al considerarla como infundada. Las denuncias ante instancias externas

a la UCR, y el usual juicio mediático, han adquirido dimensiones que empiezan a

amenazar la duramente ganada reputación de nuestra casa de estudios superiores.

Quienes firmamos, exrectores y exrectora de la UCR, nos permitimos manifestar

que:

1. Tanto la institución como el país cuentan con instancias para recibir denuncias

sobre cualquier posible hecho irregular que pudiera haber ocurrido durante la actual

administración o las anteriores.

2. Ante la sospecha de existir algún hecho de esta naturaleza, la forma adecuada

de proceder es acudir a estas instancias y esperar el resultado de las

averiguaciones. Todo funcionario público está obligado a denunciar y dar

seguimiento a estas denuncias, las cuales deben ser debidamente fundamentadas

3. Divulgar acusaciones que pudieran resultar infundadas genera un daño difícil de

reparar para las personas acusadas y, más grave aún, a la institución. Ninguna

denuncia debe ser instrumentalizada para algún interés particular, sino para buscar

el esclarecimiento y establecimiento de responsabilidades sobre los hechos

cuestionados. Es decir, las denuncias deben buscar el fortalecimiento de la

Institución.

4. Establecer y divulgar culpabilidades, juzgando y condenando sin seguir el debido

proceso, es una práctica cada vez más común en la sociedad contemporánea, en

especial en el ámbito político. Las vías de hecho y la difusión de acusaciones que

luego resulten infundadas son inaceptables en una universidad. Se deben denunciar

posibles irregularidades, pero ante las respectivas instancias institucionales y, de

ser el caso, nacionales. El deber de la UCR ante ella misma y ante el país es acoger

y estudiar todas estas denuncias, investigar los hechos y, si procede, sancionar a

las personas responsables. La Rectoría debe informar a la comunidad universitaria

y al país de estos procedimientos, sus hallazgos, y eventualmente las sanciones

aplicadas.

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5. En un Estado Democrático de Derecho, el papel de la prensa es fundamental.

Una de sus funciones es informar sobre todo tipo de hechos, incluyendo aquellos

que puedan lesionar el orden jurídico nacional y las normativas institucionales, pero

esto debe ser hecho con objetividad y veracidad, y siempre oyendo a las diversas

partes involucradas.

6. Estando a las puertas de la negociación del FEES, cualquier daño a la imagen de

la UCR producto de crisis internas no resueltas por los canales institucionales, no

solo afectará a esta, sino también a las otras universidades estatales, con el

consecuente daño al país como un todo. Un riesgo aun mayor en el clima adverso

que algunos sectores externos han venido generando contra la Educación Superior

Pública nacional. Esto obliga a la institución a informar a los universitarios y a la

comunidad nacional, de forma transparente y oportuna de las acciones que

desarrolla para atender cuestionamientos, realizar averiguaciones y sancionar

cuando proceda.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado urgente a la reflexión, a la prudencia y al

debate sano, que exija rendición de cuentas y transparencia, pero evite la difusión

de acusaciones informales y la atribución de culpabilidades que las instancias

pertinentes no han establecido. El bien del país exige que la UCR funcione con

normalidad, algo que, en el actual clima de agitación, va siendo cada vez más difícil.

Costa Rica demanda que la Universidad siga cumpliendo sus funciones

constitucionales, sin dejar de ser vigilantes de la buena marcha de nuestra Alma

Mater. Instamos a cada una de las personas integrantes de nuestra comunidad, a

meditar sobre la coyuntura actual y a atender el sano debate interno y externo por

medio de los mecanismos institucionales y nacionales.