El testigo de la Corona en el caso BCIE-Cariñitos, Christian Bulgarelli, aseguró ante la Fiscalía General que el presidente Rodrigo Chaves Robles lo obligó a entregar $32 mil a su exasesor Federico “Choreco” Cruz Saravanja, dinero proveniente de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La declaración de Bulgarelli, incluida en el informe que la Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso para analizar el levantamiento de la inmunidad de Chaves, apunta a un presunto delito de concusión.
Según el relato, en 2022 Bulgarelli fue contratado por Casa Presidencial para producir material audiovisual con fondos del BCIE por $405.000, pero la adjudicación estuvo condicionada a beneficiar a Choreco.
“El presidente me exigió que Choreco tenía que estar en el contrato. No pide, exige. Se trataba de contratarlo o perder el contrato”, relató Bulgarelli.
El testigo también reveló que en 2023 Chaves le solicitó realizar “tácticas de mano izquierda”, es decir, operaciones paralelas de comunicación para atacar adversarios políticos con dinero del BCIE. Bulgarelli afirmó que se negó a participar en esa estrategia.
Dinero para una vivienda
De acuerdo con la investigación, el 24 de febrero de 2023 Bulgarelli depositó los $32 mil a una cuenta designada por Cruz, como parte de un contrato de alquiler con opción de compra de una vivienda en el residencial Barlovento.
Para encubrir la transacción, se elaboró un contrato en el que inicialmente pretendieron incluir a Bulgarelli como arrendatario. Finalmente, Cruz Saravanja firmó como inquilino-comprador y la propietaria, de apellido Fernández, como arrendante-vendedora.
Sin embargo, Cruz incumplió con los pagos y fue desalojado del inmueble el 8 de agosto de 2024.
Contexto político
Cruz, conocido como Choreco, fue estratega de campaña de Chaves en 2022 y más tarde presidente del partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), que no logró inscribir candidaturas municipales en 2024.
La Fiscalía sostiene que Chaves utilizó el convenio con el BCIE para obtener fondos irregulares, en un caso que ya salpica a su ministro Jorge Rodríguez Vives.
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