Asamblea Legislativa nombra comisión para analizar nuevo intento de desafuero del presidente Rodrigo Chaves

  El Plenario Legislativo eligió este miércoles a los diputados Alejandra Larios (Liberación Nacional), Daniel Vargas (Progreso Social Democrático) y Rocío Alfaro (Frente Amplio) como integrantes de la comisión especial que analizará el segundo intento de levantamiento de inmunidad contra el presidente Rodrigo Chaves.




El órgano legislativo, que tendrá un plazo de 20 días para rendir su informe, quedó instalado esta misma tarde, y próximamente definirá su horario de trabajo.

En esta nueva solicitud de desafuero, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pide retirar la inmunidad al mandatario por presunta beligerancia política, un delito electoral. A diferencia del primer proceso, esta vez la causa no proviene del Ministerio Público, sino del ente electoral.

Cabe destacar que tanto Vargas como Alfaro ya participaron en el proceso anterior, en el cual el Congreso no logró los 38 votos necesarios para aprobar el levantamiento de la inmunidad presidencial.

La comisión deberá escuchar al presidente Chaves y a su defensa, antes de elaborar su informe final con una recomendación al Plenario. Si el dictamen sugiere levantar la inmunidad, el tema volverá al debate legislativo, donde requerirá nuevamente el respaldo de al menos 38 diputados para ser aprobado.

Fiscalía investiga a Rodrigo Chaves por presunto prevaricato en nombramiento de directivos del Banco Nacional

La Fiscalía General abrió una causa penal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles por el presunto delito de prevaricato, debido a supuestas irregularidades en los nombramientos realizados en la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).


Según confirmó el Ministerio Público a CRHoy.com, la investigación se tramita bajo el expediente 25-000067-0033-PE, y está relacionada con la destitución de siete directivos del BNCR efectuada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de mayo, en un proceso cuestionado por no contar con el informe previo de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), requisito exigido por la ley.

Ese mismo día, el Ejecutivo juramentó a una nueva junta directiva temporal, de la cual seis miembros fueron ratificados en agosto. Sin embargo, la Sala Constitucional ordenó recientemente la reinstalación de los exdirectivos destituidos, tras acoger varios recursos de amparo y declarar nulo el procedimiento seguido por el Gobierno.


El fiscal general, Carlo Díaz, afirmó que, pese a que una causa anterior contra el mandatario no prosperó por falta de autorización legislativa para levantar su inmunidad, las investigaciones continúan. “Nos corresponde ejercer acción penal contra los miembros de los Supremos Poderes y continuar con las causas en curso”, señaló.

La Sugef también confirmó irregularidades en los nombramientos. En la resolución SGF-2167-2025, firmada el 9 de octubre, determinó que cuatro de los siete directivos designados por el Ejecutivo carecían de los requisitos de idoneidad exigidos por el reglamento del Conassif, que establece experiencia mínima en puestos directivos o de alta gerencia.

El informe de la Superintendencia indicó deficiencias en la formación profesional y experiencia práctica de varios miembros, lo que comprometía la capacidad colectiva de gestión del órgano directivo del Banco Nacional.

El delito de prevaricato implica dictar resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos, y conlleva penas de prisión de dos a quince años. La Fiscalía no descarta que, conforme avance la causa, puedan surgir otros posibles delitos relacionados con los nombramientos irregulares.