Fiscalía admite riesgo de financiamiento con dineros sucios en campaña electoral de 2026.
El Ministerio Público alertó este lunes sobre el riesgo real de que las campañas electorales de 2026 sean financiadas con dinero ilícito, ya sea para lavar capitales o para permitir el ingreso de personas vinculadas al crimen organizado en puestos de elección popular.
Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de la Fiscalía General, afirmó que el riesgo no es exclusivo de Costa Rica y que es una preocupación global:
“Si no se tienen los cuidados, controles y organismos que supervisen el proceso electoral, existe el grave riesgo de que dineros sucios lleguen a financiar las campañas”, advirtió.
El fiscal instó a los partidos políticos a verificar rigurosamente el origen de los fondos que reciben, especialmente cuando provienen de personas externas. Subrayó también que deben canalizarse siempre por los mecanismos oficiales del partido y que cualquier omisión podría derivar en consecuencias legales.
“El tema de legitimación, por ejemplo, mediante la compra de bonos de deuda política, es delicado. El TSE ha venido trabajando en esto, pero toda la sociedad debe mantenerse alerta”, agregó Boraschi.
EE. UU. ya había advertido sobre la situación
En 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por una posible penetración del crimen organizado en la política costarricense, específicamente en las finanzas de partidos políticos.
A través del Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, el gobierno estadounidense indicó que el financiamiento de campañas fue un punto de especial atención durante las elecciones presidenciales de ese año. Las indagaciones estuvieron a cargo de la DEA y la Oficina de Operaciones Nacionales, Sección de Investigaciones Financieras (ODF). El TSE fue notificado del contenido del informe.
Caso Financiamiento Jaguar
Uno de los ejemplos más recientes que investiga el Ministerio Público es el caso conocido como Financiamiento Jaguar, bajo el expediente 22-000210-0276-PE.
La causa involucra a figuras políticas de alto nivel, incluyendo al presidente de la República, Rodrigo Chaves; la diputada Pilar Cisneros; el vicepresidente Stephan Brunner; y otros miembros del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Según la Fiscalía, entre 2021 y 2022 se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña del PPSD: un fideicomiso privado llamado Costa Rica Próspera y cuentas personales a nombre de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Julio “Waldo” Agüero. Esta última enfrenta una investigación penal independiente.
Ambos mecanismos habrían operado sin el control del TSE ni de la tesorería del partido, lo que contraviene el Código Electoral, el cual exige que las donaciones sean hechas exclusivamente por personas físicas costarricenses, debidamente identificadas y a través de canales oficiales.
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