San José, Costa Rica. El robo de combustibles en Costa Rica dejó de ser un delito aislado para convertirse en un negocio del crimen organizado. Para combatirlo, el Gobierno y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) presentaron una propuesta integral que incluye reforma legal, endurecimiento de penas, control patrimonial interno y la creación de una policía especial para proteger los ductos.
La iniciativa fue elaborada de manera interinstitucional junto con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Ministerio de Justicia y Paz, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, y ya fue remitida al Poder Legislativo para su trámite.
Principales cambios propuestos
1. Tipificación de delitos: La reforma busca sancionar no solo el apoderamiento de combustible, sino también su distribución, suministro, transporte, comercialización, almacenamiento, manipulación, ocultamiento e introducción ilegal.
2. Endurecimiento de penas:
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De 5 a 15 años de prisión para quienes se beneficien o colaboren en el delito, incluidas personas funcionarias públicas o trabajadoras de Recope.
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De 3 a 8 años para quienes faciliten bienes muebles o inmuebles para la sustracción o comercialización ilegal.
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De 5 a 8 años cuando los bienes inmuebles facilitados estén afectados por servidumbres de poliducto o paso a favor de Recope.
3. Control patrimonial interno: Todo el personal de Recope vinculado al sistema de combustibles deberá presentar declaración jurada de situación patrimonial.
4. Unidad de Protección Especial de Ductos (UPED): Cuerpo auxiliar policial adscrito a Recope, con facultades para actuar en casos de flagrancia.
Infraestructura crítica y seguridad energética
Karla Montero, presidenta de Recope, destacó la relevancia de la iniciativa:
“El Sistema Nacional de Combustibles, con 415 kilómetros de poliducto, terminales de almacenamiento y estaciones de bombeo, es infraestructura crítica de interés público. Esta propuesta busca cerrar vacíos legales y dar un paso más en su defensa.”
Resultados de la estrategia actual
Desde 2020, Recope ha implementado estrategias de control, fiscalización y colaboración interinstitucional, logrando:
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Reducción de tomas ilegales de 92 en enero-agosto 2024 a 43 en 2025 (53,26% menos).
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Disminución de combustible sustraído de 3,1 millones de litros a 2,1 millones (34,32% menos).
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Incremento de allanamientos de 16 en 2024 a 22 en 2025.
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Aumento de denuncias a la línea 1-0-0-2 de 128 a 136.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 9852, Recope ha presentado 852 denuncias, de las cuales 577 permanecen activas y solo 57 personas han sido sentenciadas. La reforma busca agilizar los procesos judiciales y aumentar las condenas, fortaleciendo los controles internos y consolidando un mensaje claro: el robo de combustibles ya no será tolerado en Costa Rica.
“Los resultados de 2025 reflejan que este delito no será tolerado, pero necesitamos que todos los actores se involucren y sensibilicen con esta lucha”, enfatizó Montero.
Con esta propuesta integral, Recope y el Gobierno fortalecen la defensa de la infraestructura crítica, protegen la seguridad energética y refuerzan la lucha contra las redes delictivas organizadas que se benefician del robo de combustible.
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