El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, declaró ante la Fiscalía General de la República que el presidente Rodrigo Chaves ejerció presiones y utilizó su influencia para que la empresa mexicana Tradeco asumiera las obras del proyecto Barranca–Limonal, en Guanacaste.
De acuerdo con el testimonio, brindado bajo juramento el pasado 11 de junio, Chaves presionó a funcionarios públicos, empresarios y hasta al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —financista de la obra— para que Tradeco resultara beneficiada, a pesar de que la empresa no contaba con la capacidad financiera requerida.
Presiones al exministro
Amador relató que el mandatario comenzó a intervenir directamente a finales de 2022, cuando se analizaba la cesión del contrato del consorcio H. Solís–La Estrella, que abandonaría la obra por problemas de costos y expropiaciones. Aunque la empresa china CHEC cumplía los requisitos del BID, Chaves insistió en que el proyecto debía entregarse a Tradeco e incluso ignoró una advertencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) sobre presuntos vínculos de socios de esa compañía con el narcotráfico.
Reuniones y amenazas al BID
El exministro también señaló que el presidente golpeó la mesa y gritó durante reuniones con representantes del BID, exigiendo que se aprobara a Tradeco. Ante la negativa del organismo, Chaves habría amenazado con retirar a Costa Rica del BID si no se adjudicaba el contrato a la empresa mexicana.
Intentos de obtener garantías
Según Amador, tras la negativa del BID, Chaves intentó que el Banco Nacional emitiera una garantía de cumplimiento de $18 millones a favor de Tradeco. Al ser rechazada por falta de solvencia, el mandatario buscó la misma póliza en el Instituto Nacional de Seguros (INS), presionando a su entonces presidenta ejecutiva, Mónica Araya, quien también se negó. Araya fue posteriormente destituida por el presidente en mayo de 2024.
Proyecto abandonado
Ante el fracaso de las gestiones para beneficiar a Tradeco, el Gobierno dejó la ruta en abandono desde 2022, obligando al MOPT a invertir cerca de $8 millones en su conservación.
Posteriormente, el proyecto fue reasignado al Consorcio Barranca Ruta 1 y a MECO, con una inversión total de $263,3 millones, financiada nuevamente por el BID.
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