La Fiscalía General abrió una causa penal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles por el presunto delito de prevaricato, debido a supuestas irregularidades en los nombramientos realizados en la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Según confirmó el Ministerio Público a CRHoy.com, la investigación se tramita bajo el expediente 25-000067-0033-PE, y está relacionada con la destitución de siete directivos del BNCR efectuada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de mayo, en un proceso cuestionado por no contar con el informe previo de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), requisito exigido por la ley.
Ese mismo día, el Ejecutivo juramentó a una nueva junta directiva temporal, de la cual seis miembros fueron ratificados en agosto. Sin embargo, la Sala Constitucional ordenó recientemente la reinstalación de los exdirectivos destituidos, tras acoger varios recursos de amparo y declarar nulo el procedimiento seguido por el Gobierno.
El fiscal general, Carlo Díaz, afirmó que, pese a que una causa anterior contra el mandatario no prosperó por falta de autorización legislativa para levantar su inmunidad, las investigaciones continúan. “Nos corresponde ejercer acción penal contra los miembros de los Supremos Poderes y continuar con las causas en curso”, señaló.
La Sugef también confirmó irregularidades en los nombramientos. En la resolución SGF-2167-2025, firmada el 9 de octubre, determinó que cuatro de los siete directivos designados por el Ejecutivo carecían de los requisitos de idoneidad exigidos por el reglamento del Conassif, que establece experiencia mínima en puestos directivos o de alta gerencia.
El informe de la Superintendencia indicó deficiencias en la formación profesional y experiencia práctica de varios miembros, lo que comprometía la capacidad colectiva de gestión del órgano directivo del Banco Nacional.
El delito de prevaricato implica dictar resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos, y conlleva penas de prisión de dos a quince años. La Fiscalía no descarta que, conforme avance la causa, puedan surgir otros posibles delitos relacionados con los nombramientos irregulares.
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