El presidente Rodrigo Chaves enfrenta un nuevo proceso que podría llevarlo a ser destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años, en caso de ser encontrado culpable del delito de beligerancia política.
De acuerdo con la legislación electoral, la sanción podría incluso incluir la destitución inmediata del cargo, lo que convertiría este caso en un hecho histórico, al ser la primera vez que un mandatario costarricense es sancionado durante su gestión.
Además, si se concreta el castigo, Chaves perdería su inmunidad a partir de mayo, lo que abriría paso para que enfrente la causa penal por concusión que investiga la Fiscalía, relacionada con un presunto acto de corrupción.
TSE solicita levantar la inmunidad presidencial
El proceso tomó fuerza luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitara a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del mandatario, como parte de una investigación por el supuesto uso de recursos públicos para favorecer a un partido político o candidato.
La ley exige total objetividad del presidente durante el proceso electoral, motivo por el cual el TSE ordenó recientemente suspender las conferencias de prensa del Consejo de Gobierno y abstenerse de emitir mensajes en redes sociales.
El expediente incluye 15 de las 24 denuncias por beligerancia política presentadas contra Chaves, interpuestas por líderes de distintos partidos, entre ellos Ricardo Sancho y Allen Solera del PLN, Johana Obando (independiente) y Claudio Alpízar de Esperanza Nacional.
La solicitud del TSE obliga al Congreso a crear una nueva comisión que analice el caso y determine si procede o no el levantamiento del fuero. Para avanzar con el proceso se requieren 38 votos legislativos.
“Nuestro compromiso es permitir que las instituciones funcionen. Si el levantamiento de la inmunidad es requerido para que el TSE pueda esclarecer los hechos, debemos allanar ese camino dentro del marco constitucional”, expresó Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN.
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Reacciones encontradas en el Congreso
Mientras que algunos diputados celebran la acción del TSE, desde el oficialismo se denuncia una persecución política.
“Esta es una prueba más de cómo funciona la institucionalidad de la casta política que ha dominado este país. ¿Estaremos ante un intento de golpe de Estado institucional contra el presidente más popular de la historia?”, cuestionó Pilar Cisneros, jefa de fracción oficialista.
La legisladora del Frente Amplio, Rocío Alfaro, sostuvo que el TSE actuó correctamente al enviar el expediente conjunto de denuncias contra el mandatario, destacando que “es necesario valorar si existen condiciones para levantar el fuero y que el presidente responda ante la ley”.
Por ahora, la decisión sobre el futuro político de Rodrigo Chaves está en manos del Plenario Legislativo, que deberá resolver si procede o no el levantamiento de su inmunidad en los próximos meses.
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