La Sala Constitucional reafirmó en agosto de 2024 que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) posee competencia exclusiva y excluyente para investigar y sancionar casos de beligerancia política. Este criterio cobra relevancia ante la solicitud del TSE a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, investigado por esa falta a partir de 15 denuncias en su contra.
El pronunciamiento se dio al rechazar una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento que creó la Sección Especializada del TSE, órgano encargado de tramitar y resolver en primera instancia las denuncias por beligerancia. Los magistrados consideraron que dicho reglamento constituye un acto de naturaleza electoral y, por tanto, escapa al control de la Sala.
En la resolución N.° 23-015760-0007-CO, del 21 de agosto de 2024, los magistrados recordaron que la Constitución Política asigna al TSE la función de garantizar la imparcialidad de los servidores públicos durante los procesos electorales, conforme a los artículos 95 inciso 3 y 102 inciso 5. Además, señalaron que el artículo 219 del Código Electoral respalda el ejercicio exclusivo de la jurisdicción electoral por parte del Tribunal.
El fallo también destacó que sanciones como la destitución, inhabilitación o cancelación de credenciales por violar la imparcialidad electoral corresponden al ámbito propiamente electoral. La Sala citó incluso jurisprudencia anterior (2010-1155) en la que se establece que “exclusividad equivale a monopolio”, es decir, que solo el TSE puede ejercer dichas competencias.
La beligerancia política, definida en el artículo 105 constitucional, se configura cuando un funcionario muestra parcialidad a favor de un partido político o participa en actividades políticas estando prohibido de hacerlo.
El pronunciamiento del 2024 sirve ahora de fundamento jurídico para el TSE en su solicitud al Congreso de levantar la inmunidad del presidente Chaves. No obstante, legisladores oficialistas, como Pilar Cisneros del Partido Progreso Social Democrático, cuestionan la legalidad del procedimiento al señalar que el reglamento legislativo no contempla un trámite específico para solicitudes de desafuero provenientes del órgano electoral.
La presidenta interina del Congreso, Vanessa Castro, deberá resolver este lunes la petición del TSE y definir la ruta a seguir en caso de que el Parlamento decida continuar con el proceso.
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