La regidora Iztarú Alfaro presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José, acusando al alcalde Diego Miranda y a otros funcionarios de promover una reorganización de personal mediante un trámite irregular, fuera de los plazos legales y sin autorización del Concejo Municipal.
La denuncia señala que la administración municipal habría ejecutado un contrato por ¢27 millones para modificar la estructura organizativa del ayuntamiento sin seguir los procedimientos establecidos, lo que implica una posible “usurpación de funciones” por parte del alcalde.
La situación se complicó cuando la Municipalidad intentó aprobar una partida adicional de ¢20 millones para refinanciar el contrato, con menos de 24 horas de antelación a la votación en el Concejo, lo que generó tensiones internas y cuestionamientos por falta de transparencia.
Según Alfaro, el contrato fue suscrito el 8 de agosto de 2024 con una vigencia de seis meses, venciendo en febrero de 2025, sin que se emitiera prórroga o modificación administrativa que lo avalara. Hasta el momento, se ha realizado un pago parcial de ¢6,750,000, mientras que el saldo pendiente asciende a ¢20,250,000, sin evidencia de cumplimiento satisfactorio del contrato.
La regidora afirmó que se violaron varios artículos del Código Municipal y de la Ley de Contratación Pública, incluyendo la omisión de consulta al Concejo, adjudicación viciada, falta de respaldo presupuestario y gestión deficiente de la supervisión del contrato.
El caso ahora será investigado por la Contraloría para determinar posibles responsabilidades administrativas y legales de los involucrados.
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