Un fallo judicial basado en un machote incorrecto provocó la anulación de pruebas clave, mientras Fiscalía, jueces y el Poder Judicial se señalan responsabilidades y avanzan investigaciones internas.
Dos fechas de diciembre marcaron el rumbo del Caso Diamante, uno de los expedientes judiciales más mediáticos del país. La primera fue el 28 de diciembre de 2020, cuando una jueza declaró la causa como Crimen Organizado. La segunda, el 10 de diciembre de 2025, cuando un juzgado anuló esa condición y diversas actuaciones del proceso por un error fundamental en la resolución original.
Un machote que contaminó el proceso
La declaratoria inicial de crimen organizado se emitió utilizando un machote correspondiente a un caso de aborto, el cual no fue debidamente ajustado. El resultado fue una resolución con referencias cruzadas entre supuestas irregularidades en contratación de obra pública —núcleo del Caso Diamante— y elementos propios de la interrupción del embarazo.
Debido a las formalidades del Derecho Penal, esta mezcla de contenidos generó errores considerados insalvables. En aplicación de la teoría del “árbol envenenado”, tanto la resolución como las pruebas derivadas —incluidas intervenciones telefónicas— quedaron anuladas. Con ello, se debilitó sustancialmente la investigación que en 2021 llevó a prisión preventiva a varios alcaldes durante varios días.
¿Quién asume la responsabilidad?
Tras confirmarse la invalidez de pruebas clave, surgieron cuestionamientos sobre las responsabilidades institucionales. El Ministerio Público rechazó una culpa directa y anunció acciones para intentar salvar el caso mediante una apelación.
“Por un error judicial, no atribuible a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se declaró la ineficacia de prueba relevante en la causa”, indicó la institución, que además señaló que la decisión no está en firme, por lo que la prueba mantendría validez mientras se resuelve el recurso.
Juez ordena investigar a funcionarios
La resolución que anuló la declaratoria también plantea la investigación de otros actores judiciales que intervinieron en el manejo del expediente. Para ello, se solicitó la revisión del caso por parte de la Inspección Judicial y la Inspección Fiscal, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias.
Poder Judicial avanza en investigación interna
El uso del machote incorrecto había sido señalado desde las audiencias iniciales del proceso y reiterado en distintas instancias. A raíz de ello, a inicios de año se abrió una investigación interna bajo el expediente 25-000500-031-DI.
Según información oficial, la investigación ya concluyó y se encuentra en la etapa previa a la audiencia final, donde se verificará la incorporación de pruebas antes de que las partes presenten alegatos conclusivos. Posteriormente, el caso pasará a Corte Plena, que deberá decidir sobre eventuales sanciones a la jueza que emitió la declaratoria original.
La indagación se sustenta en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla sanciones por retardo o errores graves e injustificados en la administración de justicia.
¿De qué trata el Caso Diamante?
El Caso Diamante se hizo público el 15 de noviembre de 2021, con una serie de allanamientos en ocho municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa, además de viviendas de alcaldes y otras dependencias.
La Fiscalía investiga la presunta existencia de una organización criminal que habría operado en el sector de infraestructura vial cantonal, favoreciendo a determinadas empresas a cambio de dádivas. Se analizan al menos 15 proyectos relacionados con parques, aceras y mantenimiento de vías.
El expediente 20-009616-0042-PE incluye presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor. Tras cuatro años de trámite, el proceso enfrenta ahora uno de sus momentos más críticos, a la espera de resoluciones que definirán su futuro.
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