La Fiscalía sostiene que entre 2017 y 2020 operó un esquema “sistemático y coordinado” para la compra de inmuebles con precios superiores a su valor real, lo que habría provocado un perjuicio económico millonario a fondos administrados por el BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).
La tesis forma parte de la resolución judicial que autorizó allanamientos, registros y el secuestro de evidencia dentro de la causa 21-000209-1218-PE, en la que se investigan presuntos delitos de corrupción, fraude y organización criminal.
Según el Ministerio Público, los hechos no fueron aislados, sino el resultado de un plan previamente concebido, ejecutado mediante una cadena de decisiones internas que permitió concretar compras inmobiliarias con valoraciones distorsionadas, beneficiando a un grupo económico en detrimento de los fondos de inversión.
Perjuicio estimado
La Fiscalía estima que el daño económico ronda los $92 millones, asociado a la adquisición de varios inmuebles, entre ellos el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), así como otros activos ubicados en Santa Ana, La Uruca, San Pablo, Ciudad Colón y Pavas.
El caso del Parque Empresarial del Pacífico
De acuerdo con la resolución judicial, el PEP se convirtió en una pieza clave del expediente, ya que —según los investigadores— no cumplía las condiciones reales para ser adquirido, pero fue presentado internamente como una inversión viable.
La Fiscalía señala que su valor se sustentó en estimaciones físicas y financieras que no reflejaban el estado real del proyecto. El parque habría sido tratado como un activo más avanzado o terminado, pese a que aún existían obras pendientes.
En el plano financiero, se habrían utilizado proyecciones de ingresos basadas en arrendamientos inexistentes o no consolidados, lo que permitió justificar un precio de compra significativamente mayor.
Cómo operaba el presunto esquema
Según la investigación, el mecanismo se apoyaba en tres pilares:
Valoraciones físicas con información falsa, que presentaban los inmuebles como más avanzados o completos de lo que realmente eran.
Proyecciones financieras infladas, basadas en flujos de arrendamiento inexistentes o no consolidados.
Avalúos externos incompletos, que omitían señalar que algunos proyectos estaban en desarrollo.
Con base en estos insumos, el Comité de Inversiones emitía recomendaciones y la Junta Directiva de BCR SAFI otorgaba el aval final, autorizando los montos máximos de compra.
La Fiscalía no cuestiona el procedimiento formal, sino la información utilizada para la toma de decisiones. A su criterio, si las valoraciones iniciales estaban viciadas, todo el proceso posterior quedaba contaminado, aunque las aprobaciones fueran colegiadas y quedaran consignadas en actas.
Allanamientos e investigación
Los allanamientos fueron solicitados para reconstruir cómo se tomaron las decisiones, qué información tuvo cada actor y si existieron coordinaciones previas entre funcionarios y particulares.
Por ello, se autorizó el secuestro de actas, informes técnicos y financieros, correos electrónicos, archivos digitales y dispositivos electrónicos.
Para la Fiscalía, la delimitación temporal entre 2017 y 2020 evidencia que se trataría de un esquema sostenido durante varios años y no de errores aislados, lo que refuerza la magnitud del caso.
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