Aumentan las quemaduras en niños durante las vacaciones

Hospital Nacional de Niños ha atendido más de 145 casos en lo que va del año.

Durante la época de vacaciones, las atenciones por quemaduras en niños tienden a incrementarse, ya que los menores pasan más tiempo en casa. Así lo advirtió el Hospital Nacional de Niños (HNN), que ha atendido 145 menores con lesiones por quemaduras en lo que va del año y proyecta un aumento de casos con el cierre del curso lectivo.

Según explicó el doctor Juan Ramón Poveda, jefe del servicio de Cirugía Reconstructiva y responsable de la Unidad del Niño con Quemaduras, el 80% de las quemaduras ocurre dentro del hogar, principalmente en la cocina.

“Es fundamental revisar bien la cocina y evitar que los niños estén cerca mientras se preparan alimentos”, señaló el especialista.

Principales puntos de riesgo

El médico indicó que existen horas específicas del día en las que aumentan estos accidentes, relacionadas con la preparación de comidas:

11:00 a. m.

5:00 p. m.

Durante estos horarios se incrementa la actividad culinaria, lo que eleva el riesgo de quemaduras por líquidos calientes, contacto con superficies calientes o fuego directo.

Además, durante las vacaciones y la época navideña, es común que se presenten emergencias por descuidos en el hogar.

¿Qué hacer ante una quemadura?

Ante una quemadura, los especialistas recomiendan actuar de inmediato para minimizar el daño:

Retirar la ropa del área afectada, si no está adherida a la piel.

Aplicar agua a temperatura ambiente durante al menos 20 minutos.

Cubrir la zona con una sábana o paño limpio.

Trasladar al menor al centro médico más cercano.

No aplicar cremas ni otras sustancias, ya que pueden agravar la lesión.

Los casos más complejos son referidos a la Unidad Integral del Cuidado del Niño con Quemaduras, donde se brinda atención especializada y acompañamiento multidisciplinario en medicina, enfermería, terapia física, rehabilitación, psicología y trabajo social.

“La prevención es clave para evitar emergencias; no debemos descuidar a los niños”, enfatizó el especialista.

Ricky y Mau Montaner están en Costa Rica para grabar un video musical

Los cantantes Ricky y Mau Montaner, hijos del artista venezolano Ricardo Montaner, se encuentran en Costa Rica para la grabación de un nuevo video musical.

La información fue confirmada por el propio Ricky Montaner a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 2,7 millones de seguidores. En el video, el artista adelantó que la producción audiovisual corresponde al tema “Te quiero” y que la grabación se realizará durante este fin de semana.

Por las imágenes compartidas en redes sociales, todo apunta a que el rodaje se desarrolla en la provincia de Guanacaste, una zona frecuentemente utilizada por artistas internacionales para producciones musicales y audiovisuales.

Según registros de la Dirección General de Migración y Extranjería, Mauricio Alberto Reglero Rodríguez (Mau) y Ricardo Andrés Reglero Rodríguez (Ricky) ingresaron al país el pasado 9 de este mes.

Trayectoria artística del dúo

Aunque su apellido los vincula directamente con una de las figuras más reconocidas de la música latina, Ricky y Mau Montaner han construido una carrera propia dentro del pop latino y el urbano-pop.

Su consolidación artística llegó con la creación del dúo Mau & Ricky, inicialmente conocidos como MR. Tras una etapa de presentaciones en vivo y composiciones propias, en 2011 lanzaron su primer álbum, marcando el inicio formal del proyecto musical.

Con producciones como Arte, Para aventuras y curiosidades y Rifresh, el dúo logró posicionarse con un estilo caracterizado por melodías pegajosas, letras cotidianas y colaboraciones con artistas como Karol G, Camilo, Manuel Turizo y Becky G.

Además de su faceta como intérpretes, Mau y Ricky se han destacado como compositores y productores, aportando canciones a artistas de renombre como Ricky Martin, Thalía, Juanes, Natti Natasha, Yuridia y Sofía Reyes, entre otros.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la fecha de estreno del video grabado en Costa Rica.

“Quiero asegurarme de que sigamos apoyando aliados que respetan principios democráticos”, dice congresista de EE.UU. tras cita con embajadora

Tras varias horas de expectativa sobre los alcances de la reunión entre el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart y la embajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo, el legislador se pronunció públicamente para referirse al encuentro y a la relación bilateral entre ambos países.

“Sostuve una reunión positiva con la Embajadora de Costa Rica en EE.UU., Catalina Crespo, sobre la estrecha y duradera relación entre nuestros dos países”, publicó Díaz-Balart en su cuenta de la red social X.

El congresista recordó que, como presidente de la Subcomisión de Asignaciones sobre la Seguridad Nacional y el Departamento de Estado en la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, tiene la responsabilidad de supervisar el uso de los fondos destinados a seguridad nacional y cooperación internacional.

“Como parte de ese rol, tengo el deber de proteger los recursos aportados por los contribuyentes estadounidenses”, indicó.

Cooperación y principios democráticos

Díaz-Balart explicó que actualmente se trabaja en la definición del presupuesto de cooperación para el año fiscal 2026, proceso que incluye la revisión de las prácticas internas de los países que reciben esos recursos.

“Quiero asegurarme de que sigamos apoyando a nuestros aliados que respetan los principios democráticos fundamentales”, afirmó.

El legislador destacó además el papel de Costa Rica en materia de seguridad regional. “Mi legislación reconoce los notables esfuerzos de Costa Rica para apoyar las acciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional y la trata de personas”, señaló.

“Trabajar juntos significa comunidades más seguras, proteger vidas y un hemisferio más seguro para todos”, agregó.

Referencia a la inmunidad presidencial

La reunión estuvo precedida por un mensaje previo del congresista en el que hacía referencia al trámite legislativo relacionado con el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, lo que generó interpretaciones erróneas en Costa Rica sobre una eventual convocatoria ante el Congreso estadounidense.

No obstante, tras el encuentro, Díaz-Balart aclaró que se trató de una reunión bilateral y reiteró su preocupación general por el respeto a los valores democráticos, sin profundizar en el tema específico de la inmunidad presidencial.

“Toda señal de retroceso en los principios democráticos fundamentales exige nuestra atención”, concluyó el congresista.

BID, España y CRUSA impulsan $1,05 millones para proyectos rurales de agua y saneamiento

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmó una cooperación técnica no reembolsable para fortalecer el acceso al agua potable y al saneamiento en comunidades rurales de Costa Rica. La operación cuenta con el respaldo del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento y asciende a $750.000, a los que se suman $300.000 de contrapartida local, para un total de $1,05 millones.

La Fundación CRUSA será la encargada de ejecutar los recursos, que permitirán financiar proyectos piloto en zonas vulnerables como parte del componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento.

Proyectos en comunidades rurales

La iniciativa priorizará comunidades de Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosol, San José de Upala, Santa Fe de Los Chiles, Santa Fe de Guatuso y la Comunidad Malecu. Según lo previsto, se beneficiará a más de 50 hogares, 120 familias y nueve espacios públicos, en coordinación con autoridades locales.

“Abordar la mejora de la infraestructura básica de agua y saneamiento en zonas rurales es crucial para reducir las brechas que limitan el desarrollo de Costa Rica”, afirmó Francisco Javier Urra, representante del BID en el país.

Capacitación y fortalecimiento comunitario

Los proyectos contemplan soluciones innovadoras en agua y saneamiento, así como procesos de capacitación dirigidos a mujeres y líderes comunitarios en la gestión de los sistemas rurales conocidos como asadas, que actualmente abastecen al 33% de la población nacional.

El plan incluye tres módulos de formación enfocados en gestión ambiental, financiera y comunitaria. Además, se fortalecerán las capacidades de federaciones y ligas de asadas, responsables de administrar acueductos en zonas alejadas.

“En CRUSA apostamos por soluciones innovadoras que integren tecnología, colaboración y conocimiento local”, señaló Byron Salas, director ejecutivo de la fundación.

Cooperación con España

Esta operación se enmarca en un esfuerzo conjunto que desde 2015 desarrollan España, el BID y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con el objetivo de mejorar el acceso al agua y al saneamiento en zonas vulnerables del país.

Durante ese período, la cooperación ha beneficiado a 244.000 hogares, incluidos 9.286 en las comunidades donde se implementará esta nueva donación.

“España mantiene un compromiso firme con el acceso universal al agua y al saneamiento”, destacó el embajador Juan Ignacio Morro, al referirse al impacto del proyecto en comunidades rurales.

Pilotos urbanos y enfoque climático

La cooperación también incluye un segundo componente orientado al desarrollo de pilotos de saneamiento en espacios públicos urbanos, así como la elaboración de propuestas normativas y campañas de sensibilización sobre higiene y uso responsable del agua.

El BID indicó que la operación se alinea con su estrategia de infraestructura resiliente y acción climática, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 6, relativo al acceso al agua potable y al saneamiento.

De acuerdo con datos de la OMS y Unicef (2022), solo el 36% de la población rural de Costa Rica cuenta con saneamiento gestionado de forma segura.

¿Cuánto bajarán los medicamentos tras aprobación de proyecto de ley? Precio de referencia lo definirá nueva Comisión

El proyecto denominado “Ley para la Apertura y Promoción de la Competencia en el Mercado de Medicamentos”, aprobado esta semana por la Asamblea Legislativa, tiene como objetivo principal reducir el precio de los medicamentos para los consumidores. Sin embargo, todavía no es posible estimar cuánto bajarán los precios, según reconoció la diputada proponente de la iniciativa, María Marta Carballo.

La legisladora explicó que la ley, que ahora está a la espera de la firma del presidente de la República para entrar en vigencia, crea la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, órgano que será el encargado de definir el precio de referencia de cada producto.

Comisión definirá el precio de referencia

De acuerdo con Carballo, el precio final de los medicamentos dependerá de los criterios técnicos que establezca esta nueva comisión, por lo que en este momento no se puede realizar una estimación concreta sobre la rebaja.

“El precio lo definirá la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, un órgano técnico integrado por representantes de varias entidades públicas y de quienes forman parte de este mercado”, indicó la diputada.

El órgano estará conformado por representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Salud, así como por sectores privados de farmacias, droguerías y laboratorios nacionales.

Según la legisladora socialcristiana, la comisión fijará el precio de referencia tomando en cuenta factores como los costos internacionales, el nivel de innovación del producto, la existencia de sustitutos y la demanda.

“Debido a estas variables, realizar una estimación precisa en este momento no es posible”, añadió.

Experiencias en otros países

Carballo señaló que en países donde se aplica el sistema de precio de referencia, como Colombia, El Salvador y Chile, los precios de los medicamentos han llegado a reducirse hasta en un 80%, aunque aclaró que esos porcentajes no pueden trasladarse automáticamente a la realidad costarricense.

Impacto en todos los medicamentos

Según la diputada, la ley aprobada tendría impacto sobre todos los medicamentos que ingresen al mercado costarricense, sin excepciones.

Durante la defensa del proyecto, Carballo insistió en que Costa Rica tiene actualmente los precios de medicamentos más altos de la región. Como ejemplo citó un blíster de omeprazol de 20 mg (30 cápsulas), que en el país ronda los ¢21.200, mientras que en Nicaragua cuesta ¢2.650, en Guatemala ¢4.240, en El Salvador ¢5.300 y en Honduras ¢6.360.

Ante la falta de una estimación concreta de ahorro para los usuarios, la legisladora hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que el presidente Rodrigo Chaves firme la ley lo antes posible.

Otros cambios que introduce la ley

Además de la creación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, la normativa incluye:

• Observatorio de Precios Multinivel: el MEIC deberá implementar una plataforma pública, disponible 24/7, que mostrará los precios de venta de medicamentos con desglose por distrito y farmacia.

• Ingreso acelerado de medicamentos equivalentes: se agilizarán los trámites de registro sanitario de genéricos y bioequivalentes, mediante el reconocimiento de registros de autoridades internacionales y la importación paralela de productos patentados.

• Prohibición de prácticas monopólicas: se eliminan los contratos de exclusividad entre droguerías y farmacias, considerados restrictivos de la competencia.

Exportaciones 2025: Procomer proyecta récord de $34.000 millones y consolidación de dispositivos médicos

A pocas semanas de concluir el año, la Promotora Costarricense de Comercio Exterior (Procomer) proyecta que Costa Rica cerrará el 2025 con un récord histórico en exportaciones, al superar los $34.000 millones en la suma de bienes y servicios.

De concretarse esta cifra, el país alcanzaría el nivel más alto registrado, por encima de los resultados de 2023 ($25.583 millones) y 2024 ($32.084 millones), reflejando un crecimiento sostenido del sector exportador.

Dispositivos médicos lideran las exportaciones

Otro de los cambios relevantes previstos para el cierre de 2025 es la reconfiguración del liderazgo exportador. Los dispositivos médicos pasarían a ocupar el primer lugar entre los sectores de exportación, desplazando a los servicios intensivos en conocimiento, que en 2024 representaron el 30% del total.

El sector de dispositivos médicos, que el año anterior alcanzó una participación cercana al 28%, se consolidaría como el principal motor del comercio exterior costarricense.

Más abajo en la lista se mantienen sectores tradicionales como el agroexportador, con productos como piña, banano y café oro. También destacan los jarabes y concentrados, el transporte, así como salsas, antisueros y medicamentos, que han ganado participación en los mercados internacionales.

Actualmente, Costa Rica exporta más de 4.300 productos a 150 países, consolidando una oferta diversificada.

Impacto en la economía y el empleo

El comercio exterior, que incluye exportaciones e inversión extranjera directa, genera alrededor de 700.000 empleos y representa aproximadamente el 35% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según datos del sector.

Retos para la inversión extranjera

En el ámbito de la inversión extranjera directa, Procomer advierte que el 2025 ha estado marcado por retos internos y un entorno internacional volátil, lo que podría limitar el crecimiento a tasas de un solo dígito.

La gerente general de Procomer, Laura López, señaló que, pese a este contexto, las reinversiones continúan siendo un componente clave para la atracción de capital.

En términos de proyectos, se proyecta cerrar el trienio 2023-2025 con 170 iniciativas, con un aumento en aquellas ubicadas fuera del Gran Área Metropolitana, como parte de la estrategia de desarrollo territorial.

Elecciones 2026 requerirán 7.396.396 papeletas; costo de impresión alcanza los $1,7 millones

Las papeletas serán uno de los elementos clave de las Elecciones Nacionales de 2026 y ya se encuentran en proceso de impresión para los comicios de febrero. Así lo informó este viernes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante una actualización sobre los preparativos electorales.

En total, se imprimirán 7.396.396 papeletas, divididas de la siguiente manera:

• 3.731.788 papeletas presidenciales, tamaño oficio y de color blanco.

• 3.664.518 papeletas para diputaciones, tamaño carta y de color celeste. En este caso, los diseños varían según la provincia, ya que algunas incluyen partidos de escala local.

La diferencia entre ambas cantidades se debe a que el voto en el extranjero únicamente se realiza para la Presidencia de la República y no para diputaciones.

Costo y proceso de impresión

El TSE indicó que la contratación para la impresión de las papeletas se tramitó mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y tiene un costo total de $1.758.788.

La producción se realiza de lunes a viernes en jornadas de 12 horas, mientras que los sábados se trabaja 10 horas. Todo el proceso cuenta con vigilancia permanente del TSE y de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar la seguridad del material electoral.

Más de 3,7 millones de electores

Costa Rica acudirá a las urnas el 1.º de febrero de 2026 para elegir 60 cargos de elección popular: un presidente de la República, dos vicepresidentes y 57 diputaciones.

Mientras las elecciones legislativas se definen en una sola ronda, la elección presidencial podría ir a segunda ronda si ningún candidato alcanza al menos el 40% de los votos válidos.

El padrón electoral está conformado por 3.731.788 personas. Los cantones con mayor cantidad de votantes son San José centro y Alajuela, seguidos por Desamparados, Cartago y San Carlos. En contraste, los padrones más pequeños se registran en Monteverde, Hojancha, San Mateo, Turrubares y Dota.

En cuanto al voto en el extranjero, hay 67.270 personas empadronadas, concentrándose la mayor cantidad en los consulados ubicados en Estados Unidos.

Joven de 24 años necesita apoyo para acceder a estudio médico que no se realiza en Costa Rica

Un análisis genético especializado podría definir las opciones de tratamiento para el tumor cerebral que enfrenta Keilyn Alfaro López, una joven costarricense de 24 años, cuyo padecimiento volvió a crecer en 2025. El estudio no se realiza en Costa Rica y debe ser enviado a laboratorios especializados en Estados Unidos.

Para acceder a este examen, Keilyn y su familia necesitan reunir cerca de $5.000, monto correspondiente únicamente a la primera fase del proceso médico.

Un estudio clave para definir el tratamiento

La muestra para el análisis será extraída durante una nueva cirugía cerebral programada para la segunda semana de diciembre en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). El estudio permitirá identificar mutaciones específicas del tumor y determinar si existen terapias dirigidas disponibles a nivel internacional, lo que podría cambiar el enfoque de su tratamiento.

Un historial médico complejo

La situación de Keilyn se enmarca en un largo y complejo proceso médico. Según informó su familia, desde 2017 ha enfrentado dos cirugías de médula espinal, una cirugía de columna, dos cirugías cerebrales, sesiones de radioterapia y otros procedimientos derivados de un cáncer agresivo que inicialmente afectó su médula espinal y, años después, su cerebro.

En 2020 recibió el diagnóstico de tumor cerebral con metástasis. En 2023 se detectó un nuevo tumor que permaneció bajo vigilancia médica, pero este volvió a crecer en 2025, lo que obligó a una nueva intervención quirúrgica y a la urgencia del estudio genético.

La familia solicita apoyo solidario

El costo del análisis especializado supera las posibilidades económicas de la familia. El padre de Keilyn es chofer de autobús, su madre es ama de casa y su hermano mayor trabaja y estudia, por lo que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir el examen.

Ante esta situación, solicitan apoyo solidario a través de SINPE Móvil 8974-4150.

Un logro en medio de la enfermedad

A pesar del difícil proceso de salud, Keilyn logró concluir su formación universitaria. El pasado 25 de noviembre defendió su trabajo final de graduación en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del Tecnológico de Costa Rica (TEC), un logro que su familia destaca como reflejo de su disciplina y fortaleza.

Quienes deseen conocer más sobre su historia pueden seguirla en redes sociales: Instagram @alfaro_kei y Facebook: Keilyn Alfaro.

Aviación Civil pretende revocar permisos temporales para hangares en el Tobías Bolaños, como había anunciado Chaves

El Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) acordó abrir un proceso licitatorio para adjudicar los hangares y otros espacios actualmente otorgados a empresas privadas en el Aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas. La adjudicación se realizará bajo la figura de Concesión de Instalaciones Públicas.

La decisión implica avanzar en la eventual revocatoria de los permisos de uso en precario que hoy permiten a distintos operadores explotar esos espacios de forma temporal. Según el Cetac, esta medida se fundamenta en razones de interés público.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ya había adelantado esta intención del Gobierno en una entrevista televisiva, en la que cuestionó el uso de hangares por parte de particulares a costos que calificó como irrisorios.

Órdenes del Cetac

El pasado 2 de diciembre, el Cetac instruyó a la Dirección General de Aviación Civil para iniciar formalmente el proceso de licitación. Además, ordenó al Departamento de Aeropuertos emitir los criterios técnicos necesarios para sustentar la eventual revocatoria de los permisos temporales vigentes.

Asimismo, se solicitó remitir la información correspondiente a la Unidad de Asesoría Jurídica, con el fin de que esta emita los criterios legales sobre el caso.

Posibles acuerdos para evitar perjuicios

Entre las disposiciones adoptadas, el Cetac también ordenó analizar la situación de quienes cuentan con certificados de explotación, con el objetivo de evaluar posibles negociaciones que eviten perjuicios a pequeños empresarios, como mecánicos, lamineros y operadores de taxis aéreos.

El documento señala que podrían alcanzarse acuerdos relacionados con precios o incrementos, de manera que resulten rentables y razonables para las partes involucradas.

Estas directrices constan en un oficio enviado el 8 de diciembre de 2025 por la Secretaría de Actas del Cetac a la Dirección General de Aviación Civil, cuya jefatura ocupa Ivannia Ortíz, identificado como Cetac-AC-2025-1220.

Rol de la Asesoría Jurídica

Ese mismo día, la Secretaría del Cetac solicitó a la Unidad de Asesoría Jurídica compilar el expediente completo del caso y analizar todo lo relacionado con los hangares, especialmente en los casos de operadores con certificados de explotación.

Además, se le encomendó preparar una hoja de ruta que detalle, paso a paso, cómo se ejecutará el plan definido por el órgano técnico.

Chaves ya había adelantado la decisión

En noviembre anterior, el presidente Chaves concedió una entrevista al medio Trivisión, en la que adelantó la apertura del proceso licitatorio que semanas después fue acordado por el Cetac.

Según explicó entonces, su molestia surgió al conocer que René Picado, uno de los propietarios de canal 7, pagaría ¢41.000 mensuales por el uso de un espacio en el Tobías Bolaños, mientras que en otros aeropuertos internacionales del país se pagan montos significativamente mayores.

En esa ocasión, Chaves afirmó que los espacios se encontraban en condición de uso en precario y que serían sometidos a un proceso de subasta, permitiendo que otras empresas interesadas pudieran competir por los hangares.

Fiscalía sitúa entre 2017 y 2020 el presunto esquema que infló compras inmobiliarias en fondos del BCR-SAFI

La Fiscalía sostiene que entre 2017 y 2020 operó un esquema “sistemático y coordinado” para la compra de inmuebles con precios superiores a su valor real, lo que habría provocado un perjuicio económico millonario a fondos administrados por el BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).

La tesis forma parte de la resolución judicial que autorizó allanamientos, registros y el secuestro de evidencia dentro de la causa 21-000209-1218-PE, en la que se investigan presuntos delitos de corrupción, fraude y organización criminal.

Según el Ministerio Público, los hechos no fueron aislados, sino el resultado de un plan previamente concebido, ejecutado mediante una cadena de decisiones internas que permitió concretar compras inmobiliarias con valoraciones distorsionadas, beneficiando a un grupo económico en detrimento de los fondos de inversión.

Perjuicio estimado

La Fiscalía estima que el daño económico ronda los $92 millones, asociado a la adquisición de varios inmuebles, entre ellos el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), así como otros activos ubicados en Santa Ana, La Uruca, San Pablo, Ciudad Colón y Pavas.

El caso del Parque Empresarial del Pacífico

De acuerdo con la resolución judicial, el PEP se convirtió en una pieza clave del expediente, ya que —según los investigadores— no cumplía las condiciones reales para ser adquirido, pero fue presentado internamente como una inversión viable.

La Fiscalía señala que su valor se sustentó en estimaciones físicas y financieras que no reflejaban el estado real del proyecto. El parque habría sido tratado como un activo más avanzado o terminado, pese a que aún existían obras pendientes.

En el plano financiero, se habrían utilizado proyecciones de ingresos basadas en arrendamientos inexistentes o no consolidados, lo que permitió justificar un precio de compra significativamente mayor.

Cómo operaba el presunto esquema

Según la investigación, el mecanismo se apoyaba en tres pilares:

• Valoraciones físicas con información falsa, que presentaban los inmuebles como más avanzados o completos de lo que realmente eran.

• Proyecciones financieras infladas, basadas en flujos de arrendamiento inexistentes o no consolidados.

• Avalúos externos incompletos, que omitían señalar que algunos proyectos estaban en desarrollo.

Con base en estos insumos, el Comité de Inversiones emitía recomendaciones y la Junta Directiva de BCR SAFI otorgaba el aval final, autorizando los montos máximos de compra.

La Fiscalía no cuestiona el procedimiento formal, sino la información utilizada para la toma de decisiones. A su criterio, si las valoraciones iniciales estaban viciadas, todo el proceso posterior quedaba contaminado, aunque las aprobaciones fueran colegiadas y quedaran consignadas en actas.

Allanamientos e investigación

Los allanamientos fueron solicitados para reconstruir cómo se tomaron las decisiones, qué información tuvo cada actor y si existieron coordinaciones previas entre funcionarios y particulares.

Por ello, se autorizó el secuestro de actas, informes técnicos y financieros, correos electrónicos, archivos digitales y dispositivos electrónicos.

Para la Fiscalía, la delimitación temporal entre 2017 y 2020 evidencia que se trataría de un esquema sostenido durante varios años y no de errores aislados, lo que refuerza la magnitud del caso.

Caso Diamante: proceso judicial queda en jaque por error en declaratoria de crimen organizado

Un fallo judicial basado en un machote incorrecto provocó la anulación de pruebas clave, mientras Fiscalía, jueces y el Poder Judicial se señalan responsabilidades y avanzan investigaciones internas.

Dos fechas de diciembre marcaron el rumbo del Caso Diamante, uno de los expedientes judiciales más mediáticos del país. La primera fue el 28 de diciembre de 2020, cuando una jueza declaró la causa como Crimen Organizado. La segunda, el 10 de diciembre de 2025, cuando un juzgado anuló esa condición y diversas actuaciones del proceso por un error fundamental en la resolución original.

Un machote que contaminó el proceso

La declaratoria inicial de crimen organizado se emitió utilizando un machote correspondiente a un caso de aborto, el cual no fue debidamente ajustado. El resultado fue una resolución con referencias cruzadas entre supuestas irregularidades en contratación de obra pública —núcleo del Caso Diamante— y elementos propios de la interrupción del embarazo.

Debido a las formalidades del Derecho Penal, esta mezcla de contenidos generó errores considerados insalvables. En aplicación de la teoría del “árbol envenenado”, tanto la resolución como las pruebas derivadas —incluidas intervenciones telefónicas— quedaron anuladas. Con ello, se debilitó sustancialmente la investigación que en 2021 llevó a prisión preventiva a varios alcaldes durante varios días.

¿Quién asume la responsabilidad?

Tras confirmarse la invalidez de pruebas clave, surgieron cuestionamientos sobre las responsabilidades institucionales. El Ministerio Público rechazó una culpa directa y anunció acciones para intentar salvar el caso mediante una apelación.

“Por un error judicial, no atribuible a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se declaró la ineficacia de prueba relevante en la causa”, indicó la institución, que además señaló que la decisión no está en firme, por lo que la prueba mantendría validez mientras se resuelve el recurso.

Juez ordena investigar a funcionarios

La resolución que anuló la declaratoria también plantea la investigación de otros actores judiciales que intervinieron en el manejo del expediente. Para ello, se solicitó la revisión del caso por parte de la Inspección Judicial y la Inspección Fiscal, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias.

Poder Judicial avanza en investigación interna

El uso del machote incorrecto había sido señalado desde las audiencias iniciales del proceso y reiterado en distintas instancias. A raíz de ello, a inicios de año se abrió una investigación interna bajo el expediente 25-000500-031-DI.

Según información oficial, la investigación ya concluyó y se encuentra en la etapa previa a la audiencia final, donde se verificará la incorporación de pruebas antes de que las partes presenten alegatos conclusivos. Posteriormente, el caso pasará a Corte Plena, que deberá decidir sobre eventuales sanciones a la jueza que emitió la declaratoria original.

La indagación se sustenta en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla sanciones por retardo o errores graves e injustificados en la administración de justicia.

¿De qué trata el Caso Diamante?

El Caso Diamante se hizo público el 15 de noviembre de 2021, con una serie de allanamientos en ocho municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa, además de viviendas de alcaldes y otras dependencias.

La Fiscalía investiga la presunta existencia de una organización criminal que habría operado en el sector de infraestructura vial cantonal, favoreciendo a determinadas empresas a cambio de dádivas. Se analizan al menos 15 proyectos relacionados con parques, aceras y mantenimiento de vías.

El expediente 20-009616-0042-PE incluye presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor. Tras cuatro años de trámite, el proceso enfrenta ahora uno de sus momentos más críticos, a la espera de resoluciones que definirán su futuro.