Una estructura de fideicomisos y cambios de garantías habría permitido a BCR SAFI adquirir el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por un monto superior a su valor real, generando un posible daño a la Hacienda Pública.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga una serie de operaciones financieras y contractuales relacionadas con la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas, por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI).
Según la investigación, el inmueble fue adquirido por $70 millones, pese a que su valor real era considerablemente menor, lo que habría generado un pago con sobreprecio y un eventual perjuicio a la Hacienda Pública.
Uno de los puntos clave bajo investigación es la participación de la sociedad Aguram Ltda., que asumió los contratos de alquiler de tres inquilinos del parque, a pesar de mantener una morosidad superior a $11 millones con dos fondos inmobiliarios administrados por BCR SAFI: el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) y el Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI).
Cambios de garantías bajo cuestionamiento
Aguram fue avalada como arrendante principal mediante un cambio de garantías, pese a su situación financiera. Esta modificación fue aceptada por la SAFI y permitió liberar a las garantías originales, dejando saldos millonarios sin respaldo suficiente.
En marzo de 2021, sin un avalúo previo y con una deuda acumulada superior a los $11 millones, se suscribió un fideicomiso de garantía que sustituyó letras de cambio por una propiedad fiduciaria, mediante la cual se traspasó el 100% del capital accionario de una sociedad propietaria de 71 filiales inmobiliarias en Heredia.
Posteriormente, BCR SAFI informó que el avalúo actualizado del inmueble en garantía alcanzó apenas $9,4 millones, muy por debajo de las obligaciones pendientes, dejando un saldo descubierto que oscila entre $5,3 y $6,8 millones.
Costos adicionales e irregularidades
Tras la compra del PEP, BCR SAFI tuvo que asumir costos adicionales millonarios por ampliaciones, reparaciones y adecuaciones exigidas por autoridades, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, debido a incumplimientos en los planes contra incendios.
Además, se detectaron construcciones sin autorización, inconsistencias contractuales y la aparente inexistencia de algunos predios, lo que incrementó las alertas internas. Funcionarios de la SAFI documentaron estas irregularidades y las remitieron al Ministerio Público.
Contratos bajo análisis
La Fiscalía también analiza los contratos de arrendamiento firmados con Albosa S.A., Almacén Fiscal PC S.A. y Rhino Waste Management Group, todos con plazos de 10 años, altos montos mensuales y cláusulas de garantía que, según la investigación, no contaban con respaldo real suficiente.
A criterio del Ministerio Público, el conjunto de estas operaciones habría generado un resultado lesivo al interés público, al pagarse un precio superior al valor real del inmueble y aceptarse garantías inadecuadas para cubrir los riesgos financieros.
La investigación continúa en desarrollo.
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