Defensa rechaza solicitud de Fiscalía para suspender causa contra Celso Gamboa

La defensa del exmagistrado Celso Manuel Gamboa Sánchez se opuso a la solicitud presentada por el Ministerio Público para suspender de forma temporal la causa penal por tráfico de influencias que se sigue en su contra, como parte de una estrategia para evitar un cuarto juicio y facilitar su eventual extradición a Estados Unidos.

La Fiscalía pretende aplicar un criterio de oportunidad, mecanismo legal que permitiría pausar la acción penal mientras se define el futuro del proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses, que acusan a Gamboa por presunto narcotráfico internacional.

No obstante, Michael Castillo, abogado defensor del extraditable, indicó que si bien comparten la aplicación de un criterio de oportunidad por razones de objetividad, discrepan en la forma en que se pretende ejecutar.

“Compartimos que se debe dictar un criterio de oportunidad, pero este debe implicar prescindir de manera inmediata y definitiva de la persecución penal, no suspenderla temporalmente”, señaló el jurista.

Defensa pide archivo definitivo

La intención de la defensa es que el Ministerio Público desista por completo de continuar con esta causa, tanto ahora como en el futuro, y que el expediente sea archivado de forma definitiva. A criterio de Gamboa y sus abogados, la Fiscalía busca eliminar cualquier obstáculo procesal que impida su pronta extradición a Estados Unidos.

Castillo sostuvo que el objetivo del Ministerio Público sería evitar una extradición diferida, figura que obliga a resolver primero los procesos penales pendientes en Costa Rica antes de autorizar la entrega del acusado a otro país.

Caso se remonta a 2018

La causa penal está relacionada con hechos ocurridos en 2018, cuando Gamboa, en la etapa final de su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presuntamente intentó influir en diputados para evitar su destitución.

Según la acusación, los entonces diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero, habrían recibido llamadas y mensajes para ausentarse del plenario legislativo, con el fin de impedir el quórum necesario para votar su separación del cargo.

Inicialmente, el Ministerio Público solicitó elevar el caso a juicio; sin embargo, años después y tras la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, la Fiscalía cambió de postura y pidió aplicar un criterio de oportunidad para no llevar a Gamboa a un cuarto debate.

Decisión en manos de un juez

Ahora será un juez de la República quien deba resolver si autoriza al Ministerio Público a apartarse del proceso penal o si, por el contrario, el expediente continúa su curso normal. En caso de que la resolución no sea favorable, la defensa adelantó que solicitará el sobreseimiento definitivo del caso.

Por el momento, el futuro de esta causa permanece en análisis, mientras se define el rumbo judicial y el eventual traslado de Gamboa a Estados Unidos.

Pacífico traspasado a sociedad con deuda millonaria: Fiscalía investiga compra del PEP por $70 millones

Una estructura de fideicomisos y cambios de garantías habría permitido a BCR SAFI adquirir el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por un monto superior a su valor real, generando un posible daño a la Hacienda Pública.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga una serie de operaciones financieras y contractuales relacionadas con la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas, por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI).

Según la investigación, el inmueble fue adquirido por $70 millones, pese a que su valor real era considerablemente menor, lo que habría generado un pago con sobreprecio y un eventual perjuicio a la Hacienda Pública.

Uno de los puntos clave bajo investigación es la participación de la sociedad Aguram Ltda., que asumió los contratos de alquiler de tres inquilinos del parque, a pesar de mantener una morosidad superior a $11 millones con dos fondos inmobiliarios administrados por BCR SAFI: el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) y el Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI).

Cambios de garantías bajo cuestionamiento

Aguram fue avalada como arrendante principal mediante un cambio de garantías, pese a su situación financiera. Esta modificación fue aceptada por la SAFI y permitió liberar a las garantías originales, dejando saldos millonarios sin respaldo suficiente.

En marzo de 2021, sin un avalúo previo y con una deuda acumulada superior a los $11 millones, se suscribió un fideicomiso de garantía que sustituyó letras de cambio por una propiedad fiduciaria, mediante la cual se traspasó el 100% del capital accionario de una sociedad propietaria de 71 filiales inmobiliarias en Heredia.

Posteriormente, BCR SAFI informó que el avalúo actualizado del inmueble en garantía alcanzó apenas $9,4 millones, muy por debajo de las obligaciones pendientes, dejando un saldo descubierto que oscila entre $5,3 y $6,8 millones.

Costos adicionales e irregularidades

Tras la compra del PEP, BCR SAFI tuvo que asumir costos adicionales millonarios por ampliaciones, reparaciones y adecuaciones exigidas por autoridades, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, debido a incumplimientos en los planes contra incendios.

Además, se detectaron construcciones sin autorización, inconsistencias contractuales y la aparente inexistencia de algunos predios, lo que incrementó las alertas internas. Funcionarios de la SAFI documentaron estas irregularidades y las remitieron al Ministerio Público.

Contratos bajo análisis

La Fiscalía también analiza los contratos de arrendamiento firmados con Albosa S.A., Almacén Fiscal PC S.A. y Rhino Waste Management Group, todos con plazos de 10 años, altos montos mensuales y cláusulas de garantía que, según la investigación, no contaban con respaldo real suficiente.

A criterio del Ministerio Público, el conjunto de estas operaciones habría generado un resultado lesivo al interés público, al pagarse un precio superior al valor real del inmueble y aceptarse garantías inadecuadas para cubrir los riesgos financieros.

La investigación continúa en desarrollo.

Cuatro fallecidos en incendio en Zapote: tres eran niños

Un incendio ocurrido la mañana de este miércoles 17 de diciembre dejó como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad, en el barrio Quesada Durán de Zapote, en San José.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos confirmó que las víctimas corresponden a un adulto y tres niños. La emergencia fue reportada a las 10:35 a. m. y se presentó en una vivienda de aproximadamente 100 metros cuadrados, ubicada contiguo al condominio María Teresa.

Al lugar se desplazaron varias unidades de emergencia para atender la situación. De momento, las autoridades permanecen en la escena realizando las labores correspondientes, por lo que no se han brindado mayores detalles sobre las causas del incendio.

Cuatro personas fallecen en incendio en San José: tres niños y un adulto

Emergencia ocurrió en Zapote; autoridades mantienen investigación en curso.

Un incendio registrado la mañana de este miércoles en San José dejó como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas tres niños y un adulto, confirmó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

La emergencia se presentó en el sector de Zapote, específicamente en Quesada Durán, contiguo al condominio María Teresa. Inicialmente, Bomberos informó sobre el fallecimiento de dos menores; no obstante, minutos después la institución actualizó los datos y confirmó que el número de víctimas mortales ascendió a cuatro.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las edades, identidades de las personas fallecidas ni sobre las posibles causas del incendio. Varias unidades de emergencia continúan trabajando en la atención del caso y en las labores correspondientes en la zona.

Vecinos del sector manifestaron consternación por lo ocurrido. Algunos indicaron que intentaron brindar ayuda, pero el fuego se propagó rápidamente dentro de la vivienda.

Incendios mortales en el país

De acuerdo con datos oficiales del Cuerpo de Bomberos, desde el año 2010 los incendios en Costa Rica han cobrado la vida de 241 personas. De ese total, 40 correspondían a personas menores de edad, según cifras registradas hasta el 27 de julio de 2025. A estas estadísticas se suman las cuatro víctimas mortales de este miércoles.

La información se mantiene en desarrollo y las autoridades ampliarán detalles conforme avance la investigación.

Álvaro Ramos y su esposa piden frenar difusión de video de su hija

La familia solicita respeto a la privacidad de la menor y advierte sobre riesgos de exposición en redes sociales.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, y su esposa, Cristie Castro, solicitaron este martes detener la difusión de un video en el que aparece su hija mayor durante una reunión política privada, material que fue viralizado en redes sociales sin su autorización.

Mediante un pronunciamiento público, la pareja aclaró que la participación de la menor fue espontánea, sin guion ni coacción, y que la grabación se realizó en una casa privada. Aseguraron además que no divulgaron el video y que su circulación fue responsabilidad de terceros.

En el comunicado, Ramos y Castro señalaron que en su familia se promueve la libertad de expresión y el pensamiento crítico, también en niñas y niños, pero advirtieron que el problema no es la expresión en sí, sino el entorno digital “tóxico y destructivo” que puede derivar en acoso y ataques personales.

La familia hizo un llamado explícito a los medios de comunicación y a la ciudadanía a cesar la reproducción del video, al considerar que la exposición pública de una persona menor de edad conlleva riesgos como el bullying digital y vulneraciones a su privacidad.

Asimismo, indicaron que continuarán colaborando con las instancias institucionales correspondientes, pero anunciaron que no volverán a referirse públicamente al tema y solicitaron que esa decisión sea respetada.

Reacciones políticas

El pronunciamiento generó reacciones de distintas figuras políticas. La expresidenta Laura Chinchilla subrayó la importancia de resguardar el interés superior de las personas menores de edad, especialmente en contextos de alta polarización política y exposición digital.

Por su parte, la candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, llamó a evitar la instrumentalización política de niñas y niños y a no amplificar contenidos que puedan afectar su bienestar emocional y su derecho a la privacidad.

Ambas coincidieron en que el debate público debe mantenerse en un plano responsable y que la protección de la niñez debe prevalecer sobre la confrontación política.

Contexto del caso

El tema cobró relevancia tras la circulación del video de la hija del candidato del PLN participando en una actividad política privada. A raíz de ello, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió una investigación administrativa para analizar el contexto de la grabación y su difusión.

La apertura de este proceso no implica una sanción, sino una revisión preliminar conforme a las obligaciones legales de la institución en materia de protección integral de las personas menores de edad.

Candidatos respaldan a Álvaro Ramos tras investigación del PANI y denuncian posible uso político de la institución

Cuatro aspirantes presidenciales expresaron su respaldo al candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, luego de que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abriera una investigación en su contra, hecho que ha generado fuertes cuestionamientos y señalamientos sobre una eventual instrumentalización política de la institución.

La polémica surgió tras la difusión de un video en el que aparece la hija de Ramos cuestionando al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. El PANI indicó que la apertura del proceso responde a su deber de velar por el interés superior de la persona menor de edad. Sin embargo, diversos sectores han criticado la rapidez con la que se actuó en este caso, en contraste con otros expedientes relacionados con presuntas negligencias institucionales que avanzan con mayor lentitud.

El candidato del Frente Amplio (FA), Ariel Robles Chaves, calificó como “inaceptable” la actuación del PANI y lanzó duras críticas contra el mandatario.

“Tendría que tener un problema bastante grave de ego, don Rodrigo Chaves, si usted se ve amenazado o intimidado por el discurso de una niña. Que el discurso de una niña le cause molestia es realmente lamentable”, afirmó Robles.

Además, sostuvo que la institucionalidad pública no debe utilizarse para perseguir ni amedrentar a personas que participan en la vida política del país.

En la misma línea, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, calificó lo ocurrido como “lamentable” e “indignante”.

“Es impresionante y me parece indignante, como ciudadana, que se instrumentalice la institucionalidad para intentar atacar a un candidato presidencial en medio de un proceso electoral”, expresó.

Por su parte, el aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, cuestionó la falta de acción del PANI ante problemáticas urgentes, como el aumento de homicidios de personas menores de edad, la lentitud en los procesos de adopción y la ausencia de una protección efectiva para niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, Claudio Alpízar, candidato del partido Esperanza Nacional, calificó como “increíble” el uso del PANI en este tipo de situaciones y criticó la selectividad institucional.

“Llama poderosamente la atención cómo ahora instituciones como el Inamu y el PANI actúan de forma selectiva, mientras existen situaciones mucho más graves de violencia política, de género y de falta de protección a la niñez durante este gobierno”, afirmó.

La actuación del PANI continúa generando debate en medio del proceso electoral, mientras distintos sectores exigen explicaciones y un uso imparcial de la institucionalidad pública.