Un grupo de 11 diputados solicitó explicaciones urgentes a la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) por los constantes retrasos en el concurso para definir a las nuevas empresas encargadas de la revisión vehicular. El atraso ha provocado que Dekra continúe operando bajo un permiso temporal que, según la Sala Constitucional, debía mantenerse solo mientras avanzaba la licitación.
El pasado 3 de noviembre, los legisladores enviaron una batería de consultas sobre el estado del proceso, pero hasta esta semana no han recibido respuesta. Entre las seis preguntas formuladas destacan el avance de la licitación mayor iniciada en 2023 —que no ha dado resultados— y la solicitud de los nombres de los funcionarios involucrados en el proceso, desde la Comisión de Licitaciones hasta la Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva.
Los diputados también cuestionan la legalidad de las prórrogas otorgadas a Dekra y piden claridad sobre las acciones tomadas para cumplir con la orden de la Sala Constitucional. Además, señalan el deterioro de los equipos de inspección y las largas filas como consecuencias directas del estancamiento.
Decisión final quedará en manos del ministro del MOPT
El futuro del concurso está ahora en manos del ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, quien deberá decidir si procede una declaratoria de lesividad para anular la precalificación otorgada en enero de 2025 a Applus CR y Tüv Rheinland. Esto, a pesar de que el propio ministro ya había manifestado su afinidad con la posición del presidente Rodrigo Chaves de desechar el concurso.
En julio, la Junta Directiva del Cosevi intentó anular el proceso licitatorio para alinearse con la posición presidencial. Sin embargo, tras múltiples advertencias de la Contraloría General de la República, los directivos tuvieron que revertir su decisión y reconocer que no pueden desechar un concurso sin una justificación robusta.
Ahora, Zeledón deberá valorar si la precalificación emitida es perjudicial para el interés público, paso clave para determinar el destino de un proceso que suma más de dos años sin resolución y que mantiene en incertidumbre la prestación del servicio de revisión vehicular.
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