San José, 17 nov. – El Informe Estado de la Nación 2025 señala que Costa Rica enfrenta dos riesgos críticos para su desarrollo: la creciente inseguridad y el deterioro de la infraestructura vial. Ambos factores, según el reporte, están generando pérdidas económicas, debilitando la competitividad y ampliando las brechas entre territorios.
Epidemia de homicidios con impacto económico directo
El informe destaca que la tasa de homicidios alcanzó 16,6 por cada 100.000 habitantes en 2024, lo que coloca al país con la séptima tasa más alta de América Latina y la segunda en Centroamérica, según criterios de la Organización Mundial de la Salud.
La situación golpea con más fuerza a cantones costeros y zonas del Caribe y Pacífico. Entre los hallazgos más preocupantes:
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Parrita registró un aumento del 480% en su tasa de homicidios, alcanzando un promedio de 90 en 2023-2024.
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Quepos pasó de una tasa de 6 (2017-2018) a 49 en 2023-2024.
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Cantones como Alajuelita, Nicoya, Puntarenas, Corredores y Garabito pasaron de niveles medios a altos de homicidios.
El estudio también advierte que jóvenes y mujeres son especialmente vulnerables a caer en redes criminales, influenciados por condiciones de exclusión social, precariedad económica y roles de cuido.
El crimen frena la industria y distorsiona la economía local
Los 38 cantones con tasas epidémicas de homicidios generan el 62% de la producción nacional. En esas zonas, la actividad industrial tiende a contraerse, mientras que el comercio crece de manera anómala, asociado al lavado de dinero y operaciones ligadas al crimen organizado.
El informe lo describe como un círculo vicioso: la criminalidad se instala en territorios con pocas oportunidades, deteriora la actividad económica y profundiza la vulnerabilidad del entorno.
El costo económico es significativo. El BID estima que la inseguridad representó 3% del PIB en 2022 para Costa Rica, con casi la mitad de ese impacto reflejado en costos privados.
La Contraloría, por su parte, calcula pérdidas de capital humano por homicidios equivalentes a ₡542.000 millones entre 2018 y 2023.
Infraestructura vial: una década de retroceso
El país también mantiene un rezago histórico en inversión y ejecución de obra pública. Entre 2014 y 2024, Costa Rica destinó solo 0,8% del PIB a infraestructura de transportes, cayendo a 0,5% desde 2020. Esto contrasta con el 4% del PIB anual recomendado por el Plan Nacional de Transportes.
Los principales proyectos viales presentan fuertes atrasos y sobrecostos:
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Circunvalación Norte: 66 meses de retraso y 65% de aumento en costos.
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Ruta 32: 43% de sobrecosto.
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Taras–La Lima: 30 meses de retraso y 23% de aumento presupuestario.
El deterioro también alcanza al mantenimiento: el 70% de los puentes del país está en condición “alarmante”, “deficiente” o de “falla inminente”, según Lanamme-UCR.
En 2024, las fallas en infraestructura generaron pérdidas equivalentes a 1,58% del PIB.
Un riesgo combinado para el desarrollo nacional
El Estado de la Nación alerta que la inseguridad y la infraestructura deteriorada configuran un escenario de alto riesgo económico, que afecta competitividad, productividad y equidad territorial.
Para revertir la tendencia, el país deberá:
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Incrementar la inversión en obra pública.
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Ejecutar proyectos con mayor eficiencia y menos sobrecostos.
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Reforzar el mantenimiento de rutas y puentes.
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Implementar una política de seguridad con enfoque territorial.
El informe concluye que solo con territorios seguros y una infraestructura moderna será posible sostener el crecimiento económico y cerrar brechas sociales en el largo plazo.
