Un grupo de familias se manifestó este lunes frente a Casa Presidencial para pedirle al presidente Rodrigo Chaves la convocatoria del proyecto de ley 25.240, impulsado por el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña.
La iniciativa, aprobada de forma unánime el 30 de octubre, busca que las licencias por cuido y fase terminal puedan financiarse con recursos del Presupuesto Nacional, además del 0,5% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) establecido por la Ley 7756.
El tema tomó fuerza luego de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) agotara en septiembre los fondos disponibles para estas licencias, dejando a 1.200 personas afectadas, según informó el mandatario.
A partir del 1.º de noviembre, el Gobierno asumió el control de la agenda legislativa, por lo que la convocatoria del proyecto depende directamente de Casa Presidencial.
Debate sobre la necesidad del proyecto
El Congreso aprobó una partida de ₡2.700 millones en el tercer presupuesto extraordinario para continuar otorgando las licencias, pero Chaves afirmó que no se requiere una reforma legal para utilizarlos.
El presidente explicó que basta con que la Junta Directiva de la CCSS apruebe la modificación presupuestaria y la remita a la Contraloría General de la República (CGR) para su aval.
“Eso le toca a Marta Acosta Zúñiga, que tiene 20 días para autorizar el presupuesto y que empecemos a hacer los pagos. Tienen toda mi solidaridad y apoyo”, señaló Chaves.
Sin embargo, el diputado Jonathan Acuña sostiene que sí es necesaria la aprobación del proyecto, ya que la Contraloría podría rechazar el uso de los fondos si no existe una habilitación legal que permita superar el límite del 0,5% de Fodesaf.
“El propio ministro de Trabajo reconoció que para incorporar más recursos era necesaria una reforma a la ley. No queremos correr el riesgo de que la Contraloría rechace el presupuesto”, advirtió Acuña.
El mandatario, por su parte, calificó de “mentira” que la reforma sea indispensable para liberar los recursos.
El Gobierno mantendrá el control de la agenda legislativa hasta el 31 de enero de 2026, durante el periodo de sesiones extraordinarias.
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