La constructora mexicana Tradeco, actualmente bajo investigación en Costa Rica por presuntas presiones políticas para adjudicarse el proyecto vial Barranca–Limonal, acumula más de una década de señalamientos por incumplimientos contractuales, sanciones administrativas, obras inconclusas y menciones en expedientes relacionados con narcotráfico en México y Estados Unidos.
Mientras la Fiscalía y la Comisión de Control y Gasto Público profundizan en el caso, documentos oficiales mexicanos y estadounidenses revelan que los antecedentes de la empresa no son hechos aislados, sino parte de un patrón repetido.
Sanciones y obras inconclusas en México
En 2016, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Tradeco Infraestructura por 30 meses debido a incumplimientos en la construcción del hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” del ISSSTE. El contrato había sido rescindido un año antes y, según la Auditoría Superior de la Federación, el proyecto quedó estancado entre disputas técnicas y administrativas, sin avances físicos y aún en litigio cinco años después.
La empresa intentó detener la sanción, pero los tribunales negaron la suspensión, manteniéndola vigente durante todo el periodo.
Litigio millonario con el Ministerio de Defensa
Otro caso relevante involucra al Ministerio de Defensa mexicano (Sedena), que en 2012 adjudicó a Tradeco la construcción de un parque eólico para abastecer la Base Aérea de Ixtepec, Oaxaca.
En 2015, Sedena rescindió el contrato por inconsistencias y por presentar información falsa sobre el avance de obra.
Según la demanda, Tradeco:
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Recibió 495 millones de pesos mexicanos por trabajos no realizados.
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Provocó daños adicionales de 595 millones de pesos.
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Generó pérdidas de 374 millones de pesos por energía que nunca se produjo.
El litigio supera los 1.090 millones de pesos mexicanos (más de ¢30.000 millones) y continúa sin resolución definitiva. Sedena tuvo que contratar a otras empresas para terminar el proyecto, duplicando los costos.
Menciones en investigaciones de narcotráfico en EE. UU.
Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculan a Carlos González Macías, exvicepresidente de Tradeco Infraestructura, con Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y condenado por narcotráfico.
En teléfonos incautados a colaboradores de Hernández se encontraron contactos registrados como “Carlos México”, número asociado a González Macías. Investigadores estadounidenses detallan encuentros y comunicaciones para promover inversiones de Tradeco en Honduras, además de contactos con personas ligadas al tráfico de cocaína.
También se hallaron documentos de sociedades relacionadas con Tradeco en dispositivos decomisados.
Advertencias en Costa Rica
Un informe de la Sección de Crimen Organizado del OIJ (marzo 2025) y declaraciones del exministro Luis Amador indican que la DIS habría advertido al presidente Rodrigo Chaves sobre los antecedentes internacionales de la empresa.
La Fiscalía confirmó que analiza ese material como parte del expediente abierto por presuntas presiones para favorecer a Tradeco en la ampliación del tramo Barranca–Limonal.
El OIJ también reportó movimientos irregulares de asociados de la empresa por Costa Rica para evadir controles migratorios.
Las presuntas presiones por el contrato Barranca–Limonal
La obra Barranca–Limonal había sido adjudicada en 2020 al consorcio H. Solís – La Estrella, que abandonó el contrato en 2023 alegando retrasos en expropiaciones y problemas de diseño. Tres empresas manifestaron interés en asumir el proyecto posteriormente, entre ellas Tradeco.
Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, declaró ante la Comisión y la Fiscalía que el presidente Chaves “exigió” repetidamente adjudicar la obra a Tradeco, incluso consultando cómo ceder el contrato sin licitación.
La comisión legislativa también investiga la presunta intervención del abogado Randall Chuken, señalado por Amador como posible comisionista. Medios nacionales reportaron reuniones entre Chuken y la candidata oficialista Laura Fernández, lo que los diputados pretenden esclarecer.
Tradeco no tiene sanciones vigentes en México que le impidan competir en el extranjero.
Lo que sigue
En los próximos días, la Comisión de Control y Gasto Público recibirá nuevos testigos, incluido el abogado Randall Chuken.
La Fiscalía mantiene la etapa actual del expediente bajo confidencialidad, pero asegura que la investigación avanza con un volumen significativo de información.
Con la colaboración de Lilia Saúl Rodríguez, periodista mexicana del Proyecto OCCPR.
