Ariel Robles exige a Chaves revertir decreto de subasta de frecuencias: “Mata a radios y televisoras locales”

San José, Costa Rica. El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, arremetió este martes contra el gobierno de Rodrigo Chaves y exigió la derogatoria inmediata del decreto 063-2024, norma que regula la subasta de frecuencias de radio y televisión y que, según afirmó, “está hecha con las patas” y pone en riesgo a los medios regionales del país.


Durante su intervención en el plenario legislativo, Robles aseguró que el decreto favorece únicamente a los grandes consorcios mediáticos, como Teletica y Repretel, mientras excluye del concurso a emisoras y canales locales con menos capacidad financiera. Entre los afectados mencionó a Radio Sinfonola, emisoras culturales, Radio Sinaí, Canal 14 de la Zona Norte, entre otros.

El legislador cuestionó los altos requisitos económicos establecidos en el proceso:
“¿De dónde van a sacar la plata estas emisoras para cumplir con dos millones de dólares anuales de requisitos que no pueden cubrir?”, reclamó.

Robles advirtió que el decreto afectaría directamente al 60% de la población rural, que depende de la televisión abierta como principal fuente de información y entretenimiento. Además, señaló que la medida acentúa la concentración mediática y amenaza la pluralidad del espectro radioeléctrico.

El diputado responsabilizó al presidente Rodrigo Chaves y a la ministra de Comunicación, Paula Bogantes, por la firma del documento, e instó al Ejecutivo a retroceder:
“Tenga un poquito de valentía y acepte que se equivocó. Echen para atrás este decreto mañana”, pidió.

Las declaraciones de Robles se suman a las críticas de otros legisladores y representantes de medios regionales, quienes alertan que la subasta actual no contempla la realidad financiera de las emisoras locales, generando un escenario de exclusión que podría redefinir el mapa mediático costarricense.

Canales regionales de TV abierta podrían desaparecer: ninguna empresa ofertó por esas frecuencias

 Los canales regionales de televisión abierta enfrentan un posible apagón definitivo. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) confirmó que, de las 25 ofertas recibidas para el concurso de frecuencias de radio y televisión, ninguna corresponde a canales regionales de TV.

El periodo para presentar ofertas cerró el viernes anterior. Según el reporte oficial, las propuestas se distribuyeron así:

  • 17 frecuencias para radio FM nacional

  • 3 frecuencias para radio FM regional

  • 1 frecuencia nacional para AM

  • 4 canales de televisión de alcance nacional

Esto deja a los canales regionales sin opciones para mantenerse en la televisión abierta y gratuita, si el concurso avanza como está planteado por Sutel y el Poder Ejecutivo.

Solo tres radios regionales mostraron interés

Las ofertas regionales en radio corresponden a:

  • Consorcio BBN-FM (Chorotega)

  • Audios del Sur (Brunca)

  • Radio Ochenta y Ocho Stereo (Brunca)

Actualmente, las propuestas están en fase de verificación de requisitos, etapa que tomará hasta 20 días hábiles. Sutel estima una recaudación preliminar superior a $9,8 millones (aprox. ¢4.900 millones), que posteriormente se destinarán al Fonatel para financiar proyectos de conectividad en zonas vulnerables.

Preocupación confirmada

Desde octubre, medios regionales habían advertido que los altos precios base de la subasta les impedirían participar. Canales como TV Sur (Pérez Zeledón), TVN Canal 14 (San Carlos) y radios como Radio Casino (Limón) manifestaron a El Observador que los costos eran “inalcanzables”.

Los precios base definidos por Sutel fueron:

  • Emisoras FM regionales: entre ¢12,3 y ¢14,2 millones

  • Frecuencias FM nacionales: ¢96,9 a ¢193,9 millones

  • Televisión regional: entre ¢79,2 y ¢136,3 millones

Impacto directo en comunidades rurales

TV Sur, con 19 años de operación, es uno de los medios más afectados. Su gerente, Franklin Granados, indicó que el costo es “muy alto” y que, de no lograrse una alternativa, comunidades sin acceso a cable —como San Antonio de la Amistad o Veracruz del Águila— perderían su único canal local de información.

TV Sur cubre eventos locales, produce tres ediciones de noticias y mantiene presencia en redes.

En Limón, Radio Casino, con más de 80 años al aire, alertó que la subasta pone en riesgo el único medio legal vigente en la región atlántica. La emisora cumple funciones comunitarias críticas, especialmente en territorios indígenas donde transmite avisos urgentes, coordina ayudas y difunde servicios brindados por la Iglesia Católica.

Afectación a las familias con menos recursos

Saray Amador, de Canartel, recalcó que la televisión al aire libre es la señal que utilizan los hogares con menos recursos. La desaparición de los canales regionales afectaría a quienes no pueden pagar cable, internet o dispositivos modernos.

Acciones legales en curso

Medios de comunicación y cámaras del sector mantienen demandas activas en el Tribunal Contencioso contra el proceso de subasta. Instituciones como la Universidad de Costa Rica y la Conferencia Episcopal también han solicitado suspenderlo, argumentando riesgos para la libertad de expresión y la concentración de medios.

Chaves convoca a medios religiosos

Ante el cierre del plazo para participar en la subasta, el presidente Rodrigo Chaves convocó a radios católicas y evangélicas a una reunión “urgente” esta semana para atender inquietudes sobre el proceso.

Presidencia informó que el mandatario brindará declaraciones oficiales sobre la subasta hasta el miércoles. Además, indicó que corregirá “declaraciones que buscan desinformar a la opinión pública”.

Emilio Arias marca una ruta ecológica en la política: elimina el papel y apuesta por el cartón reciclado

San José, Costa Rica — En un gesto coherente con los valores de transparencia, ética y responsabilidad social que han marcado su trayectoria, Emilio Arias Rodríguez, 


candidato a diputado por el Partido Centro Democrático y Social (CDS) por el primer lugar de San José, presentó hoy la estrategia de campaña más sostenible de su plan de comunicación: la reducción progresiva del uso de papel y la apuesta por materiales reciclados y formatos digitales.


Una campaña ética y responsable con el medio ambiente

Arias explicó que la decisión forma parte del compromiso asumido al firmar el Pacto Ético Interpartidario, que reúne 25 compromisos orientados a fortalecer la democracia costarricense mediante la integridad, la veracidad y la sostenibilidad ambiental.

“La política debe dar el ejemplo. Si aspiramos a servir con ética, también debemos actuar con coherencia. Por eso hemos decidido hacer una campaña ecológica, responsable y respetuosa con el entorno”, afirmó Emilio Arias.

Medidas concretas

La estrategia contempla:

  • Sustituir de forma progresiva el papel por cartón reciclado en todos los materiales impresos que sean estrictamente necesarios.

  • Priorizar formatos biodegradables y materiales con bajo impacto ambiental.

  • Reemplazar volantes y publicidad masiva por contenidos digitales y el uso intensivo de plataformas tecnológicas y redes sociales para comunicarse con la ciudadanía.

  • Implementar prácticas internas de gestión de residuos y reducción de huella de carbono en las actividades de campaña.

Estas medidas buscan no solo disminuir el consumo de recursos, sino mostrar que la innovación y el respeto por la naturaleza pueden ser pilares del trabajo político y social en el país.



Una visión de futuro

Para Emilio Arias, la iniciativa simboliza una visión que trasciende la comunicación electoral: “Queremos demostrar que se puede hacer campaña con conciencia. La política moderna debe ser limpia, honesta y responsable con el medio ambiente”.

Al incorporar prácticas sostenibles, el candidato reafirma su propuesta de modernizar la forma en que la política dialoga con la ciudadanía, privilegiando la transparencia y la eficacia de los canales digitales.

Invitación a la ciudadanía y a otros partidos

El equipo de campaña hace un llamado a la ciudadanía para acompañar este cambio y a las demás fuerzas políticas para que adopten prácticas similares, contribuyendo así a una gestión pública más responsable y coherente con los retos ambientales actuales.