Las carreras ilegales de vehículos, conocidas como piques, continúan en aumento y se han convertido en una seria amenaza para la seguridad vial y la tranquilidad de múltiples comunidades, según denuncian vecinos, autoridades y expertos en tránsito.
Uno de los puntos más señalados es la Ruta 27, donde cada jueves por la noche y madrugada la carretera deja de ser una vía pública para transformarse en una pista clandestina, situación que se repite semana tras semana ante la impotencia de los residentes.
Vecinos de la zona aseguran que el ruido, la alta velocidad y el peligro constante los obliga a modificar sus rutinas, evitando transitar en determinados horarios por temor a quedar en medio de estas carreras ilegales.
“Tengo una hija y ya le dije que los jueves mejor no salga o que llegue antes de las 11 de la noche o después de las 2 de la mañana, porque el miedo es que ocurra una desgracia”, relató Rossi Dueñas, vecina afectada.
Práctica ilegal normalizada
Para el abogado especialista en tránsito y exoficial José Zúñiga, el fenómeno no es nuevo, pero sí más grave, al punto de haberse normalizado como una forma de delincuencia en las vías públicas.
“El uso de carreteras para estas actividades es un delito penal, así lo establece la Ley de Tránsito, y aun así no se está enfrentando con la seriedad que amerita”, advirtió.
imagen tomada de Extra
Zonas convertidas en pistas clandestinas
Según Zúñiga, los piques suelen concentrarse en tramos con rectas largas y varios carriles, condiciones ideales para alcanzar altas velocidades. Entre las zonas más conflictivas mencionó:
“Pareciera que la plaga se está expandiendo y cada vez más comunidades están expuestas”, señaló.
Autoridades reconocen limitaciones
El subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez, confirmó la existencia de “zonas calientes” donde los piques son recurrentes. Aunque aseguró que se han realizado operativos conjuntos con la Fuerza Pública, reconoció que la tendencia se mantiene.
“A diario se reciben denuncias por conducción temeraria. Hemos intervenido varias veces, pero es una problemática persistente”, indicó.
En el caso de Cartago, el alcalde Mario Redondo afirmó que el municipio tiene identificados los puntos críticos; sin embargo, explicó que los organizadores se coordinan mediante redes sociales y grupos de WhatsApp, lo que dificulta una respuesta inmediata.
“No siempre es fácil sorprenderlos por la cantidad limitada de efectivos disponibles, tanto de Tránsito como de Fuerza Pública”, señaló el jerarca municipal.
Vecinos expuestos y poca respuesta
Más allá de quienes participan en los piques, las autoridades advierten que el mayor riesgo recae en terceros inocentes, quienes pueden verse involucrados en accidentes graves.
Zúñiga fue enfático en señalar que la falta de recursos y personal limita la capacidad de respuesta de la Policía de Tránsito. Además, explicó que los trámites judiciales tras una detención pueden extenderse por horas, lo que termina desmotivando la intervención policial.
Mientras tanto, los vecinos aseguran sentirse abandonados. “Llamamos al 911 todas las semanas y nadie actúa. Unos dicen que es responsabilidad municipal, otros que estatal o de la concesionaria, y mientras tanto los piques continúan”, denunció Dueñas.
La problemática, lejos de disminuir, sigue creciendo y mantiene en alerta a comunidades que temen que, tarde o temprano, estas carreras ilegales cobren vidas.
