A casi cinco años de los allanamientos realizados en junio de 2021, la Fiscalía aún no ha logrado abrir ni analizar 244 dispositivos electrónicos decomisados en el marco del Caso Cochinilla, debido a recursos de apelación pendientes y constantes suspensiones de audiencias técnicas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fafta) confirmó que la extracción de información de celulares, tabletas, computadoras y relojes inteligentes sigue sin concretarse, pese a que se trata de una de las pruebas consideradas más sensibles dentro del expediente.
Fiscalía señala recursos pendientes
La fiscala adjunta Tattiana García indicó que el Ministerio Público ha gestionado ante el Juzgado Penal la autorización para la apertura de los dispositivos; sin embargo, existen apelaciones sin resolver que impiden avanzar.
Según explicó, las resoluciones que autorizan la apertura continúan vigentes, pero el análisis no puede materializarse hasta que se resuelvan los recursos planteados por las defensas. El fiscal adjunto Miguel Ramírez añadió que, una vez autorizada la diligencia, el estudio del contenido tomará tiempo debido al volumen de información.
Los aparatos fueron decomisados durante 57 allanamientos realizados el 14 de junio de 2021, en una investigación por presuntas irregularidades en contratos de obra pública que involucran a constructoras como MECO y H. Solís, así como a exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
La información digital podría contener comunicaciones relacionadas con adjudicaciones, modificaciones contractuales y eventuales pagos indebidos.
Defensas rechazan tácticas dilatorias
Por su parte, los abogados defensores niegan que exista una estrategia para retrasar el proceso.
Francisco Campos, representante legal de Mélida Solís, aseguró que las gestiones interpuestas buscan garantizar el debido proceso en un caso que calificó como de alta complejidad, con más de 80 imputados entre personas físicas y jurídicas y numerosos abogados involucrados. Según explicó, la coordinación de agendas y las notificaciones han provocado múltiples reprogramaciones.
En la misma línea, Erick Ramos, abogado de MECO y del empresario Carlos Cerdas, cuestionó que la Fiscalía atribuya el atraso exclusivamente a la falta de apertura de los celulares. Recordó que el Ministerio Público ya presentó cuatro acusaciones formales, por lo que —a su criterio— el avance del caso no depende únicamente del análisis digital.
Ramos señaló además que se trata de la primera aplicación en el país de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, lo que ha generado importantes implicaciones patrimoniales para las empresas investigadas.
Más de 14 audiencias suspendidas
De acuerdo con un recuento solicitado al Ministerio Público, entre julio de 2021 y febrero de 2026 al menos 14 audiencias no pudieron realizarse por apelaciones pendientes, conflictos de agenda o incapacidades médicas de abogados defensores.
En varios casos, las diligencias fueron suspendidas minutos antes de iniciar o durante su desarrollo, debido a nuevas gestiones presentadas por las partes.
Actualmente, el expediente contabiliza 69 imputados y 28 empresas inmovilizadas. La investigación atribuye un supuesto perjuicio económico al Estado por ₡78 mil millones, cifra que ha sido cuestionada por informes técnicos y por las defensas.
Pese al volumen de prueba y a la magnitud del caso, la causa principal aún no alcanza en su totalidad la etapa de audiencia preliminar, consolidándose como uno de los procesos anticorrupción más extensos y complejos de los últimos años en el país.
