18 de marzo de 2026
El diputado electo Nogui Acosta reiteró su propuesta de permitir allanamientos policiales sin orden judicial como una medida para enfrentar la creciente inseguridad en el país.
Durante una entrevista en el programa Interferencia de Radioemisoras UCR, Acosta defendió el levantamiento parcial de garantías individuales, asegurando que se trata de una herramienta necesaria en contextos específicos y no de una aplicación generalizada.
Según explicó, la iniciativa busca responder a situaciones donde el sistema judicial retrasa acciones urgentes. Como ejemplo, mencionó un caso reciente en el que el Organismo de Investigación Judicial no pudo ingresar a un edificio por falta de autorización judicial, pese a existir sospechas de droga. Días después, con la orden aprobada, se decomisaron 400 kilogramos de estupefacientes.
“El país debe replantearse cómo actuar ante la dinámica actual de violencia”, señaló el legislador, quien insistió en que las restricciones podrían aplicarse de forma puntual, como limitar el movimiento en determinadas zonas.
Acosta también indicó que, en caso de realizarse allanamientos sin orden judicial, la Asamblea Legislativa de Costa Rica debería rendir informes detallando las razones, resultados y hallazgos de dichas intervenciones.
Debate por posibles abusos
La propuesta generó cuestionamientos durante la entrevista, especialmente sobre qué ocurriría si se realiza un allanamiento sin encontrar evidencia delictiva.
Ante esto, Acosta minimizó el impacto señalando que no existiría daño si no hay repercusiones directas. Sin embargo, se le recordó que este tipo de acciones podría constituir una violación a la propiedad privada y a derechos fundamentales.
El diputado reconoció que, en caso de daños materiales, estos deberían ser indemnizados, mientras que eventuales afectaciones no económicas tendrían que ser resueltas por los tribunales de justicia.
¿Qué son las garantías individuales?
Las garantías individuales son derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de Costa Rica, orientados a resguardar la libertad y dignidad de las personas.
Entre estas se incluyen:
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Libertad de tránsito
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Inviolabilidad del domicilio
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Derecho a la intimidad y comunicaciones
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Protección contra detenciones arbitrarias
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Derecho de reunión
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Libertad de expresión y opinión
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Acceso a la información pública
La Constitución establece que estas garantías pueden suspenderse únicamente en situaciones excepcionales y mediante una votación calificada de al menos 38 diputados.
