Dirigentes asesinados: los tres casos que marcaron con violencia al fútbol costarricense

El fútbol costarricense no ha estado exento de la violencia que golpea al país. En los últimos años, tres dirigentes vinculados a clubes nacionales han sido asesinados en hechos que generaron conmoción dentro y fuera de las canchas.

El primer caso ocurrió el 17 de febrero de 2009, cuando fue asesinado Adrián Castro, presidente y accionista de Puntarenas FC. El dirigente recibió tres impactos de bala en Barranca de Puntarenas, luego de ser atacado por sujetos encapuchados que se desplazaban en motocicleta. Su muerte representó un fuerte golpe para la institución porteña, debido a su liderazgo y compromiso con el equipo. Pese a las investigaciones, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no logró identificar a los responsables.

Años después, el 27 de octubre de 2019, la violencia volvió a sacudir el ámbito futbolístico con el asesinato de Marcelo Torres, vicepresidente del desaparecido equipo U Universitarios. Torres falleció tras permanecer varios días hospitalizado, luego de ser víctima de un ataque armado en el parqueo del centro comercial Terramall, en Cartago.

El ataque se produjo tras un partido entre su equipo y el Club Sport Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza. En el hecho también resultó herida la mujer que lo acompañaba. Cabe señalar que el dirigente ya había sobrevivido a un atentado previo en junio de 2018, cuando recibió un disparo en la cabeza.

El caso más reciente se registró el 28 de marzo de 2026, con el asesinato de Andrey Castro Bonilla, presidente de Municipal Puntarenas. El dirigente figura entre las tres víctimas de un triple homicidio ocurrido en San Mateo de Alajuela.

De acuerdo con el OIJ, el crimen estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, hipótesis que se sustenta en la forma en que se ejecutó el ataque y el perfil de las víctimas. Además de su rol en el fútbol, Castro Bonilla era propietario de varios negocios, entre ellos un restaurante, un lavacar y un gimnasio, los cuales permanecieron cerrados tras el suceso.

Estos hechos reflejan cómo la violencia ha impactado incluso a figuras dirigenciales del deporte nacional, dejando una huella de luto en el fútbol costarricense.

Barzuna cuestiona aumento en el marchamo y propone aseguramiento voluntario

El diputado electo Antonio Barzuna cuestionó la posibilidad de aumentar el costo del marchamo y planteó como alternativa impulsar el aseguramiento voluntario.

Sus declaraciones surgen ante la propuesta de la Gerencia Financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social, que busca eliminar el tope de cobertura del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), lo que implicaría un eventual incremento en la prima que pagan los conductores.

Barzuna señaló que, en lugar de trasladar el aumento a los usuarios, la institución debería promover un esquema voluntario con incentivos tarifarios dentro de la escala contributiva.

Además, explicó que el sistema permite contar con dos pólizas, donde el SOA cubre inicialmente los gastos y una póliza privada puede actuar como complemento en caso de que la cobertura no sea suficiente.

La propuesta de la CCSS deberá ser analizada por su Junta Directiva, que decidirá si se tramita como un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa.

Decomisan más de 800 unidades de licor en Sixaola tras operativo policial

Un total de 888 unidades de cerveza fueron decomisadas por oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, durante un operativo realizado en las cercanías del río Sixaola, en la zona sur del país.

El decomiso se llevó a cabo como parte de los patrullajes que ejecuta la Policía de Fronteras en el cordón fronterizo. Según el informe oficial, los agentes observaron varios bultos sospechosos y a un sujeto que huyó al notar la presencia policial.

Tras inspeccionar el sitio, las autoridades confirmaron que se trataba de múltiples cajas de licor, las cuales, en apariencia, pretendían ser ingresadas ilegalmente al territorio nacional a través del río, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

El caso fue coordinado con la Policía Fiscal, que se encargó del decomiso de la mercadería y la elaboración del informe correspondiente para continuar con el proceso legal.

Las autoridades mantienen los operativos en la zona fronteriza para combatir el contrabando y otras actividades ilícitas.

Exjuez de Limón pactó soborno de $15 mil con abogado para liberar a narco

 

Conversaciones en app cifrada revelaron acuerdo para cambiar medida cautelar a imputado por narcotráfico

El exjuez penal de Limón, Jean Carlo Sandí Chaverri, habría pactado el pago de un soborno de $15 mil con el abogado Jorge Ramírez, con el objetivo de favorecer a un imputado por narcotráfico y dejarlo en libertad.

De acuerdo con el expediente judicial, el acuerdo se realizó mediante la aplicación de mensajería cifrada Signal, donde ambas partes coordinaron los detalles del pago a cambio de modificar la medida cautelar del sospechoso.

El beneficiado sería un hombre identificado como Marcos Herrera Chacón, alias “Banano”, quien había sido detenido en julio de 2023 junto a otras personas cuando transportaban 119 paquetes de cocaína en Limón.

Así se concretó el acuerdo

Según la investigación, el 9 de enero de 2024 Herrera, desde la cárcel, coordinó con su abogado el pago del soborno. Un día después, el entonces juez Sandí Chaverri modificó la prisión preventiva por medidas menos restrictivas, como monitoreo electrónico, firma periódica y prohibición de salida del país.

Ese mismo día se habría realizado el primer pago de $10 mil. Posteriormente, tras quedar en firme la resolución el 7 de febrero, se completó el monto con otros $5 mil.

Incluso, el expediente señala que el exjuez utilizó parte del dinero para iniciar la construcción de un apartamento en la vivienda de sus padres, en Cieneguita de Limón.

Pruebas salieron tras asesinato

El caso salió a la luz tras el asesinato del abogado Jorge Ramírez, ocurrido el 16 de agosto de 2024. Durante las diligencias, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó su celular, donde se encontraron las conversaciones que evidencian la negociación.

En los mensajes, el abogado y el juez coordinaban el pago y analizaban la estrategia para justificar el cambio de medidas. Incluso, discutían propuestas legales que facilitaran la liberación del imputado.

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Coordinación directa y pago garantizado

Las comunicaciones también revelan cómo el abogado aseguró a su cliente que el dinero solo sería entregado si se garantizaba su libertad.

Herrera Chacón logró reunir el dinero con ayuda de terceros, incluyendo un sujeto apodado “Rasta” y su pareja, quien desconocía el verdadero destino del dinero.

El expediente concluye que el pago indebido se realizó con el fin de favorecer al imputado en el proceso judicial.

Intento de condena fue rechazado

Recientemente, el Tribunal Penal de Hacienda rechazó un acuerdo de procedimiento abreviado que pretendía resolver el caso.

El exjuez había aceptado los hechos y acordado una condena de 14 años de prisión; sin embargo, la jueza detectó múltiples errores legales, como inconsistencias en la fijación de penas, omisiones y falta de claridad en las sanciones.

Además, no se incluyó correctamente la inhabilitación para ejercer cargos públicos, requisito obligatorio en este tipo de delitos.

Por ello, el Tribunal rechazó el acuerdo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se presente nuevamente con las correcciones necesarias.

Delitos que se investigan

Sandí Chaverri es acusado por delitos como cohecho propio y procuración de impunidad agravada, mientras que Herrera Chacón enfrenta cargos por penalidad del corruptor.

El caso continúa en proceso judicial.