La Ministerio Público de Costa Rica criticó la decisión de tribunales de modificar las medidas cautelares contra varios imputados del llamado Caso Coraza, investigados por presunto tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.
Según confirmó la Fiscalía Adjunta de Liberia, algunos sospechosos lograron salir de prisión preventiva tras ofrecer propiedades de alto valor como garantía, pese a que desde el inicio la fiscalía solicitó que permanecieran en la cárcel mientras avanza el proceso.
El Ministerio Público argumentó que existían riesgos procesales importantes, entre ellos peligro de fuga, la alta penalidad de los delitos —que puede alcanzar hasta 20 años de prisión— y arraigos laborales débiles.
Además, la investigación señala que los imputados presuntamente formarían parte de una organización con amplios recursos económicos, evidenciados en la posesión de vehículos de alta gama, avionetas, armas prohibidas y diversas actividades comerciales.
Cambios en las medidas cautelares
Uno de los casos corresponde a un imputado de apellido Sáenz Álvarez, a quien el Tribunal Penal de Nicoya le sustituyó la prisión preventiva por una garantía inmobiliaria respaldada con una propiedad.
La Fiscalía se opuso a la decisión al considerar que el bien ofrecido no cubría los riesgos procesales señalados; sin embargo, el tribunal mantuvo el cambio y la legislación no permitía apelar esa resolución.
Una situación similar ocurrió con una imputada de apellido Brenes Gómez, quien obtuvo un cambio de prisión preventiva a arresto domiciliar tras una apelación presentada por su defensa.
Otro de los beneficiados fue un hombre de apellidos Mairena Alvarado, a quien se le permitió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario mediante una fianza hipotecaria sobre un bien inmueble, además de visitas de la Fuerza Pública y la obligación de firmar periódicamente.
Aunque el Ministerio Público apeló en este último caso, el tribunal confirmó la modificación de la medida cautelar.
La fiscalía expresó preocupación por este tipo de resoluciones, especialmente en investigaciones por narcotráfico y legitimación de capitales, donde la posesión de bienes de alto valor suele formar parte de la dinámica económica de las organizaciones criminales.
“A criterio del despacho, esto puede traducirse en beneficios procesales que permiten a personas imputadas por hechos graves enfrentar el proceso en condiciones más favorables debido a su capacidad económica”, indicó la institución.
Investigación del Caso Coraza
El Caso Coraza es una investigación desarrollada por el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público contra una presunta organización dedicada al tráfico internacional de drogas que operaba principalmente en la provincia de Guanacaste.
Las pesquisas iniciaron en 2022, cuando las autoridades comenzaron a rastrear una estructura criminal que presuntamente enviaba cargamentos de cocaína desde Costa Rica hacia México y Estados Unidos utilizando avionetas y pistas clandestinas.
De acuerdo con las autoridades, el grupo utilizaba pistas en zonas rurales e incluso, presuntamente, la pista de aterrizaje de un hotel en Punta Islita, en Nandayure, para movilizar droga al extranjero.
Las investigaciones también vinculan a la organización con decomisos importantes de cocaína, entre ellos 432 paquetes encontrados en noviembre de 2021 en playa Bejuco de Nandayure y otros 409 paquetes incautados en Santa Cruz de Guanacaste.
En julio de 2024, agentes del OIJ realizaron 29 allanamientos en distintas zonas del país —entre ellas Bagaces, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, San Ramón y La Guácima— que culminaron con la detención de al menos 12 personas sospechosas de integrar la estructura.
Entre los arrestados figuraban presuntos colaboradores logísticos y un jefe de la Fuerza Pública de Nandayure.
Según las autoridades, la organización era liderada por un sujeto de apellido Fonseca, quien presuntamente coordinaba el envío de cargamentos de droga y la estructura de apoyo en tierra.
Durante los operativos, las autoridades decomisaron más de mil cabezas de ganado, vehículos de alta gama, armas, dinero en efectivo y varias propiedades, bienes que pasaron a manos del Estado para su administración o eventual subasta.
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