La disputa por el presupuesto universitario para el 2027 ha llegado a un punto muerto. El Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) dieron por terminadas las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), trasladando la responsabilidad de la decisión final a la Asamblea Legislativa.
El punto de discordia
La ruptura se produce tras una marcada distancia entre las propuestas de ambas partes:
- Poder Ejecutivo: Mantuvo una propuesta de incremento del 0%, basándose en el monto constitucional actual de ₡593.484 millones. El Gobierno calificó las pretensiones de las universidades como "demandas irracionales y abusivas".
- Rectores (Conare): Solicitaron un ajuste del 2,9%, lo que representa un aumento superior a los ₡19.000 millones.
¿Qué sigue ahora?
Ante la falta de consenso en la Comisión de Enlace, el futuro financiero de las universidades públicas queda en manos de la próxima Asamblea Legislativa, que será la encargada de negociar y definir el presupuesto adicional.
La postura del Conare: Los rectores aseguraron que la mesa de negociación permanece abierta y esperan retomar las conversaciones con las autoridades del próximo Gobierno entrante.
Además, señalaron que existe un acuerdo previo para realizar una reunión en julio de 2026, con el objetivo de revisar indicadores económicos e inflación para valorar una eventual ampliación presupuestaria.
Declaraciones en camino
Ambas partes han convocado a la prensa para brindar declaraciones detalladas sobre los motivos técnicos y políticos que llevaron al colapso de este diálogo.
Contexto clave: El FEES es el mecanismo constitucional que financia la operación de las cinco universidades públicas del país, y su negociación anual suele ser uno de los puntos de mayor tensión política entre el Ejecutivo y el sector educativo.
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