Proponen reforma legal para impedir embargos por opiniones sobre temas ambientales.
San José, 5 ago (Redcatra Noticias) – El diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles Barrantes, presentó un proyecto de ley que busca proteger el derecho a la libertad de expresión frente a embargos preventivos en demandas civiles motivadas por opiniones sobre temas de interés público, como denuncias ambientales o críticas a proyectos privados o públicos.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.125, propone reformar el artículo 86.1 del Código Procesal Civil (Ley 9342), con el fin de impedir que los jueces puedan dictar embargos preventivos cuando la demanda esté relacionada con manifestaciones realizadas en el ejercicio de derechos constitucionales de participación y libertad de expresión.
La propuesta surge tras el caso del creador de contenido Juan Bautista Alfaro Rojas, conocido en redes sociales como @juambacaminando, quien fue objeto de un embargo preventivo solicitado por la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. Luego de publicar un video en el que cuestionaba el proyecto turístico Bahía Papagayo, la medida judicial congeló sus cuentas bancarias, salario y bienes inmuebles.
En la exposición de motivos del proyecto, se advierte que este tipo de acciones pueden tener un efecto inhibitorio (“chilling effect”) sobre quienes desean expresar sus opiniones sobre temas ambientales, especialmente cuando se trata de personas sin recursos suficientes para enfrentar procesos judiciales largos o costosos.
“El embargo preventivo, cuando es resultado de una manifestación de la libertad de expresión, puede constituir una forma de censura previa y una sanción anticipada, en violación de principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señala el texto.
La reforma propuesta plantea añadir un párrafo final al artículo 86.1, que establezca lo siguiente:
“(...) el acreedor podrá pedir que se decrete embargo preventivo, salvo que el reclamo provenga de hechos que la parte demandada hubiere realizado en ejercicio de los derechos constitucionales de participación en la toma de decisiones que afecten el ambiente y de la libertad de expresión”.
Según Robles, el objetivo es evitar que el sistema judicial se utilice como herramienta de presión para silenciar a ciudadanos, periodistas o activistas que denuncien posibles impactos ambientales o sociales de proyectos públicos o privados.
El proyecto cuenta con el respaldo del resto de la bancada del Frente Amplio y de la diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz, electa por el Partido Liberal Progresista (PLP). La iniciativa deberá ser asignada a una comisión legislativa para iniciar su trámite ordinario.
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