Caja Costarricense de Seguro Social mantiene análisis sobre auditoría externa a contrato de $30 millone

Pese a las presiones de su presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández, la Junta Directiva de la CCSS acordó continuar analizando la posibilidad de contratar una auditoría externa sobre el contrato del sistema Redimed, cuyo monto supera los $30 millones. Hasta diciembre de 2025, la institución había ejecutado más de $24 millones, equivalente al 71% del presupuesto autorizado, aunque el sistema únicamente opera en 13 centros de salud. Presiones en Junta Directiva El pasado 25 de febrero, Taylor manifestó su oposición a la contratación de una auditoría forense externa, argumentando que implicaría una nueva erogación de fondos públicos. Durante la sesión, expresó su molestia luego de que el directivo sindical Róger Rivera solicitara tiempo adicional para analizar la recomendación de rechazar la auditoría. Aunque inicialmente se planteó que la Junta no consideraba oportuna la contratación, este martes los directivos acordaron continuar estudiando el fondo del asunto para determinar la procedencia técnica de la revisión. Taylor votó a favor de mantener el análisis, pese a evidenciar incomodidad durante la discusión. La solicitud de auditoría fue presentada por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), en medio de advertencias emitidas por la Contraloría General de la República (CGR) sobre posibles incumplimientos contractuales. Observaciones de la Contraloría Según la CGR, la implementación del sistema Redimed —destinado a la gestión digital de imágenes médicas— presenta limitaciones técnicas no resueltas. La decisión administrativa de frenar su expansión se habría basado en esas deficiencias y en el nivel de ejecución presupuestaria. La Contraloría mantiene abierta una investigación sobre el contrato. Reuniones en Casa Presidencial y contradicciones El caso también ha generado controversia por reuniones en Casa Presidencial de Costa Rica. El 3 de febrero, bajo juramento, Taylor confirmó que asistió en dos ocasiones a Casa Presidencial junto a Robert Picado, director de Tecnologías e Información de la CCSS. Según indicó, los encuentros respondieron a consultas sobre órdenes giradas por la Contraloría y la situación del contrato. Sin embargo, posteriormente matizó que no se trató de una “rendición de cuentas”, sino de una reunión para informar sobre la situación institucional. La diputada Rocío Alfaro cuestionó la versión oficial, señalando contradicciones entre lo declarado por Taylor y la información remitida por Casa Presidencial, donde no constarían registros de ingreso de Picado. El 10 de febrero, Picado aseguró bajo juramento ante la comisión legislativa que dichas reuniones no existieron, versión que contrasta con lo indicado previamente por la presidenta ejecutiva. Debate sobre autonomía institucional En medio de la polémica, la expresidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, señaló que durante su gestión no enfrentó una situación similar. No obstante, consideró que, pese a la autonomía de la institución, un llamado del Poder Ejecutivo para conocer el estado de un contrato millonario puede interpretarse como válido. El análisis sobre la eventual auditoría externa continuará en la Junta Directiva, mientras la investigación de la Contraloría sigue su curso y el caso Redimed mantiene la atención pública.